El futuro de Garzón

El pasado 14 de mayo de 2010, el Consejo General del Poder Judicial decretaba, por unanimidad, suspender al juez Baltasar Garzón de sus funciones como magistrado de la Audiencia Nacional. Este hecho, interpretado por muchos como una actuación orquestada contra el único juez que se ha decantado claramente por investigar los crímenes del Franquismo, ha levantado una polvareda mediática entre partidarios y detractores de una figura judicial cuyo reconocimiento público es innegable dentro y fuera de las fronteras españolas.

Tres asuntos podrían sentenciar su carrera como juez: la presunta prevaricación cometida por el juez instructor al autorizar las escuchas ilegales en el archiconocido caso Gürtel, a raíz de la denuncia presentada por uno de los abogados defensores, Ignacio Peláez, por considerar que se habían grabado las conversaciones de los presos sin autorización judicial.

La segunda de ellas, en la que el juez será igualmente juzgado por prevaricación, es la presunta apropiación para beneficio personal del dinero aportado por el Banco Santander a los cursos organizados en los años 2005 y 2006 por el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York y en los que el juez jiennense participó. Pese a que en noviembre de 2006 fue archivada la causa, el máximo órgano judicial decidió en 2010 reabrir el caso e imputar al magistrado por el supuesto cobro de 221.000 euros del Banco Santander, al tiempo que ordenaba a la Guardia Civil que investigara sus cuentas y determinara la cuantía exacta de sus ingresos por dichos cursos.

La última de las investigaciones, la de mayor repercusión pública, está organizada en torno al papel jugado por Garzón a la hora de indagar en los crímenes cometidos en la Guerra Civil y la Dictadura española que le valió una querella de organizaciones y sindicatos marcadamente conservadores como Falange Española, Igualdad e Identidad y Manos Limpias, y la advertencia pública del Tribunal Supremo que no debía proseguir con la línea de investigación al estar en vigor la Ley de Amnistía de 1977. La admisión de la querella de estas asociaciones por parte del magistrado Luciano Varela le puso en el disparadero jurídico en el que hoy se halla.

En los próximos meses dará inicio el juicio por este último caso aunque previamente deberá resolverse el escrito de recusación presentado por el anterior titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional contra los magistrados del Alto Tribunal Juan Saavedra, Francisco Monterde, Joaquín Giménez, Adolfo Prego y Juan Ramón Berdugo por haber participado en la instrucción del procedimiento contra el juez Garzón y estar presuntamente incapacitados para juzgar ese mismo asunto.

De cualquier forma resulta cuando menos llamativa la cruzada a la que debe hacer frente un magistrado como Baltasar Garzón cuyo currículum está jalonado por reputadas instrucciones judiciales de casos como el GAL o Gürtel, sus meritorias operaciones contra el narcotráfico gallego o la banda terrorista ETA y su infatigable trabajo para juzgar a los dictadores de Argentina y Chile. Quizá, en su debe se encuentra la enorme cantidad de enemigos políticos, sobre todo en el espectro de la derecha; mediático, entre los diarios conservadores; y judicial, enemistado con abogados y magistrados como Javier Gómez de Liaño o Luciano Varela.

El propio Garzón ha dudado de la imparcialidad de unos juicios de los que ha llegado a afirmar que “ya tienen una sentencia desfavorable hacia mi persona”. Aunque muchos verían con buenos ojos su salida por la puerta falsa, es evidente que España quedaría en muy mal lugar si se diera el lujo de perder a un jurista de tan excelsa categoría.