La falta de vivienda asequible en la provincia es un problema crítico por la presión de la especulación inmobiliaria sobre todo en el mercado de alquiler, lo que pone la economía de muchas familias malagueñas en una posición insostenible para poder desarrollar su proyecto de vida en nuestra tierra, como demuestra el hecho de que para alquilar una vivienda de tres dormitorios en la capital haga falta invertir casi el 70% del salario medio.

Si hablamos de compra de vivienda, la situación es aún más preocupante ya que el precio medio de una vivienda de la misma tipología se ha incrementado un 20% solo en el último año, sobre todo en la que es de segunda mano, sin que veamos ninguna respuesta por parte del gobierno de Moreno Bonilla en la Junta en lo referente al impulso de la vivienda protegida como es de su competencia.

Como un elemento desestabilizador más se encuentra la denominada "golden visa", una medida puesta en marcha por el gobierno de Rajoy en 2013 por la que se concede el permiso de residencia a los compradores extranjeros de una vivienda de un precio superior a los 500.000 euros como un fomento a la inversión extranjera que, sin embargo, solo ha servido para tensionar más la presión sobre los precios sobre todo en la Costa del Sol desde 2022.

Para dar cierta racionalidad a todo esto, Pedro Sánchez ha anunciado la eliminación de dicha medida para poner coto a la especulación que se ha generado en torno a ella, porque el mercado inmobiliario no puede quedar en manos solo de unos pocos tanto por la parte de la oferta como de la demanda, dejando fuera al 99% restante de malagueños y malagueñas.

Desde el PSOE estamos acostumbrados ya a que las decisiones de este gobierno sean cuestionadas desde los sectores más conservadores siempre con predicciones alarmantes. Cuando se puso en marcha el escudo social por la pandemia, que salvó a más 1,5 millones de españoles de la pobreza, el PP de Casado afirmó que se iba a arruinar el país; con la reforma laboral, que ha logrado estabilizar el trabajo, y con el aumento del salario mínimo interprofesional, que ha dotado de poder adquisitivo a miles de trabajadores y trabajadoras, la predicción del PP de Feijóo ha sido la misma. Y ahora, con la eliminación de la "golden visa", de nuevo desde el PP se desdeña esta decisión solamente porque viene de un gobierno progresista, demostrando realmente los intereses a los que sirven.

Con esta decisión demostramos nuestra responsabilidad hacia quienes cobran en la provincia un sueldo medio de 1800 euros brutos al mes y no pueden comprar una vivienda digna ni asequible, sobre todo en los grandes núcleos de toda la Costa del Sol. Y dejamos claro que no vamos a permanecer de brazos cruzados como hace el gobierno de la Junta, el de la Diputación o el de los grandes ayuntamientos malagueños ya que estamos firmemente decididos a que el derecho al acceso a la vivienda no se quede solo en palabras de un artículo de nuestra Constitución.

Con el fin de las "golden visa" y de otras medidas que seguirán teniendo el refrendo del Consejo de Ministros seguiremos trabajando no solo para impulsar la VPO como estamos haciendo con las más de 1.300 casas en la capital e impulsadas con fondos del ministerio de Vivienda, sino para que las personas que han nacido, crecido y que quieren seguir viviendo en su tierra puedan hacerlo.