El problema de la vivienda es una cuestión de Estado ante el que todas las instituciones deberían tomar, en el ámbito de sus competencias, cartas en el asunto para que muchas familias puedan acceder a una vivienda asequible 

Estamos ante una realidad ante la que, por mucho que el PP siga queriendo mirar para otro lado, debemos actuar de forma firme y contundente para proteger un derecho que viene establecido en nuestra propia Constitución, la misma Constitución que la derecha dice querer proteger pero ante la que luego no hace nada. 

El artículo 47 de nuestra Carta Magna dice, textualmente, que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", así como que "los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".

El texto está claro, lo que no lo está tanto son las acciones que, por ejemplo, podemos ver en la provincia de Málaga para que eso se desarrolle desde los gobiernos del PP en la Junta, en la Diputación de Málaga o en el mismo Ayuntamiento de la capital. 

Sí que vemos que, en ese mismo sentido, el gobierno de Pedro Sánchez, que también tiene competencias, está desarrollando en nuestra capital más de 1.300 viviendas protegidas en el sector de Buena Vista o que, para finales de mes, miles de malagueños podrán beneficiarse de los avales anunciados por nuestro presidente para comprar una casa. 

Si el gobierno de la nación hace sus deberes, ¿enfrente qué tenemos? Nada. No hemos visto ni el más mínimo interés por parte del PP para revertir la actual situación de especulación que sufre nuestra provincia mientras el precio de la vivienda ha subido un 20% en el último año. No vemos que la Junta actúe de forma eficaz cuando el año pasado solo hubo luz verde a un proyecto de 68 viviendas protegidas en la capital o que el Ayuntamiento esté al frente de este dilema cuando hay suelo para construir hasta 15.000 viviendas protegidas pero ese recurso vital está paralizado. De gobierno de la Diputación menos se espera porque el año pasado no impulsó ni una sola VPO en los municipios que son de su ámbito de actuación. 

Es una situación sonrojante que mientras el gobierno central está haciendo sus deberes el PP no haya movido ni un solo recurso efectivo para sacar a las familias malagueñas de esta encrucijada. El problema no reside ya en que no puedan comprar una vivienda, es que el alquiler de larga duración se ha disparado porque también ha existido una total permisividad a que los nuevos proyectos de construcción sean casi en exclusiva para los pisos turísticos. 

Con estos datos, podríamos decir sin temor a equivocarnos que a la derecha la especulación inmobiliaria parece no importarle, pero cuando son responsables de la gestión de las administraciones deben gobernar para todos, también para los que no los han votado, por eso es hora ya de que se pongan las pilas con las políticas de vivienda protegida. El gobierno de la nación está haciendo y mucho, sobre todo cuando en el otro lado de la balanza lo único que existe es el vacío y no se están dando respuestas a este drama.