El resultado de las pasadas elecciones generales dejó sentado las bases de lo que la mayoría de la ciudadanía quiere para nuestro país, un camino que no pasa por un gobierno de PP y Vox.

Si esta premisa parece clara por su obviedad, dentro del PP se han esforzado por intentar aún más retorcer el sistema democrático para colocar al parlamento en una especie de test de stress en su rumbo hacia la investidura fallida de su líder. 

Si este hecho se quedara en una mera anécdota no tendría mayores consecuencias. Pero el PP no está dispuesto a vender barata la derrota que le dieron las urnas en estos últimos comicios y, como mal perdedor, busca cualquier resquicio para dejar patente su descontento con la voluntad de los miles de españoles que decidieron con su voto. 

Feijòo se juega mucho en este proceso de investidura fallida. Se juega su liderazgo y su proyecto. Aplicando lo que Elías Bendodo denominó como "Matemáticas de Estado", el PP ha logrado la gobernabilidad en varias Comunidades Autónomas y en muchos ayuntamientos sin ser el partido más votado, rompiendo con ese mantra sagrado que repitieron hasta la saciedad porque sus números les daban la gobernabilidad. 

Sin embargo, esas "Matemáticas de Estado" también han traído la reversión de derechos y libertades en las administraciones donde gobiernan de la mano de su aliado de ultraderecha. Porque, por mucho que les dieran los números, los proyectos que defienden tanto PP como Vox distan de entender lo que significa la protección de los servicios públicos en instituciones tan cercanas como lo es un ayuntamiento. 

En este escalafón el primer paso de los gobiernos de la derecha extrema ha sido la eliminación de las concejalías de igualdad y la aplicación de la censura cultural a lo largo y ancho de todo el país, dejando claras cuáles son sus intenciones. 

Ya en el ámbito autonómico hemos tenido que ver como hay dirigentes que alaban el franquismo, arrinconan o derogan la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, desisten de aplicar sus competencias en la lucha contra la violencia machista o cuestionan el cambio climático, entre otros. 

Ante este panorama, planteo unas preguntas muy sencillas. ¿Se imaginan un país donde, por decreto, el gobierno elimine el Ministerio de Igualdad o aplique la censura desde sus más altos organismos? ¿Nos merecemos un gobierno donde la condena a la Dictadura que asoló este país durante 40 años no sea una premisa ni una convicción? ¿Debemos pasar por una investidura que nos hará perder aún más tiempo en plena presidencia española de la UE y cuando estamos saliendo con fortaleza del actual escenario de crisis económica con los retos que quedan por acometer?

La respuesta es un no rotundo. Pero Feijòo todavía quiere su minuto de gloria sin importarle lo que ello suponga ni las consecuencias que pueda conllevar al resto de los españoles. El tiempo lo pondrá en su sitio pero, mientras tanto, él prefiere que sigamos perdiendo el nuestro con tal de que no le muevan la silla dentro de su propio partido.