Hoy, 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una pandemia global que arroja estadísticas tan dramáticas como que, a nivel mundial, una de cada tres mujeres sufre violencia por razones de género. Cada diez minutos una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer. Es el machismo la causa y el origen de una violencia que, en su expresión más extrema y cruel, ha segado la vida en España de 1.027 mujeres desde 2003 y, desde 2013 que existen estadísticas de menores, 34 han sido asesinados y 275 han quedado huérfanos. Según la última macroencuesta, el 12,5% de las mujeres mayores de 16 años la han sufrido.

España ha sido un ejemplo en la lucha contra la violencia de género. Fue un Gobierno socialista el que hace 15 años impulsó una norma pionera, la Ley integral contra la violencia de género, que ha hecho posible dotar a nuestro país de un potente sistema de atención, protección y lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo, así como hacia sus hijos e hijas. Implica a todas las administraciones públicas e interpela a la sociedad a través de la sensibilización y la concienciación. Pero, por sí sola, no acaba con el machismo porque es evidente que las transformaciones sociales profundas requieren leyes, pero también un cambio de mentalidades.

El alcance de la ley integral se puede medir de manera objetiva a través de numerosos indicadores: denuncias, creación de juzgados especializados, llamadas al 016, dispositivos electrónicos de cumplimiento de penas, mujeres protegidas en VIOGEN, casas de acogida, formación especializada para todos los agentes implicados en el sistema o las ayudas sociales y económicas que reciben las víctimas. Datos objetivos que definen la capacidad de respuesta del sistema y, al mismo tiempo, muestran la magnitud del problema al que nos enfrentamos.

Frente a esta dramática realidad, aquellos que niegan la violencia de género no solo niegan una realidad dolorosa e irrefutable, también abonan el terreno para seguir perpetuando esta violación de los derechos humanos que afecta a las mujeres. Asistimos, dentro y fuera de nuestro país, a una campaña que consiste en minimizar, distorsionar y mentir sobre las causas y las consecuencias de una violencia que atenta contra la libertad, la seguridad y la integridad de las mujeres.

El enemigo no es nuevo, pero utiliza nuevas armas para amplificar e inocular sus mensajes. Y ante los innegables avances que de la mano del feminismo han situado la igualdad entre hombres y mujeres en el corazón de la agenda política y social, reacciona de manera virulenta ante la pérdida y el cuestionamiento de los privilegios que las sociedades patriarcales reservan a los hombres en detrimento de los derechos de las mujeres. Los hombres pierden poder y reaccionan con fiereza.

Tenemos la convicción y la obligación democrática de parar la ola reaccionaria que cuestiona los derechos de las mujeres. Para ello, y entre otras cosas, es necesario mantener y reforzar el consenso político que hace dos años se hizo realidad en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y que hoy debe ser el escudo protector frente a la irrupción de la ultraderecha en el escenario político.

Este Gobierno volvió a situar como prioridad la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres, en cumplimiento de lo establecido por el Convenio de Estambul. Los estados tienen la obligación de dar respuesta a las violencias específicas que mayoritariamente sufren las mujeres –violencia machista, sexual, acoso sexual, mutilación genital o matrimonios forzosos– y articular una respuesta contundente, eficaz y certera dirigida a la protección de las víctimas, la persecución de los agresores y la lucha contra el machismo que alimenta la violencia.

La violencia se produce porque existen sociedades machistas, ese es su caldo de cultivo. Así se recoge en numerosos instrumentos internacionales y también en las Recomendaciones del Consejo de Europa para prevenir el sexismo asumidas recientemente por nuestro país. Europa tiene que reaccionar y apostar por registros nuevos para un nuevo abordaje del problema. Los asesinatos se producen porque vivimos en sociedades discriminatorias y no por otra razón.

En las Recomendaciones, basadas en los estándares de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, se incluye por primera vez en un texto internacional la definición de sexismo, considerado como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que provoca discriminación e impide el pleno avance de las mujeres en la sociedad y la consecución de la igualdad de género, y advierte de que está ampliamente extendido en todos los sectores y sociedades. Asimismo, muestra su preocupación por la relación entre el sexismo y la violencia contra mujeres y niñas con el objetivo de crear una Europa libre de sexismo y sus manifestaciones.

Ninguna sociedad del mundo es igualitaria. Las conquistas son innegables, pero el machismo sigue atacando la identidad y la libertad de las mujeres, recortando sus derechos de ciudadanía y debilitando la democracia. Urge un cambio de mentalidad y de valores, un nuevo paradigma político y social que sitúe la igualdad en el centro de la vida con el que ganamos todos y todas.