El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo y ahora nos encontramos en un momento decisivo para hacer algo al respecto. Todavía estamos a tiempo de hacer frente al cambio climático, pero esto requerirá un esfuerzo sin precedentes por parte de todos los sectores de la sociedad.

Las emisiones a nivel mundial están alcanzando unos niveles sin precedentes, y que parece aún no han llegado a su cota máxima. Los últimos cuatro años han sido los más calurosos de la historia, y las temperaturas invernales del Ártico han aumentado 3°C desde 1990. Los niveles del mar están subiendo, los arrecifes de coral se mueren, y estamos empezando a ver el impacto fatal del cambio climático en la salud, a través de la contaminación del aire, las olas de calor y los riesgos en la seguridad alimentaria.

Los impactos del cambio climático se sienten en todas partes y están teniendo consecuencias muy reales en la vida de las personas. Las economías nacionales se están viendo afectadas, lo cual a día de hoy nos está costando caro, y resultará aún más costoso en el futuro. Pero se empieza a reconocer que ahora existen soluciones asequibles que nos permitirán dar el salto a economías más limpias y sostenibles.

Los últimos análisis indican que si actuamos ya, podemos reducir las emisiones de carbono de aquí a 12 años, y frenar el aumento de la temperatura media anual por debajo de los 2 °C, o incluso a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, según los datos científicos más recientes.

Por suerte contamos con el Acuerdo de París, un marco normativo visionario, viable y puntero que detalla exactamente las medidas a tomar para detener la alteración del clima e invertir su impacto. Sin embargo, este acuerdo no tiene sentido en sí mismo si no se acompaña de una acción ambiciosa.

La Propuesta Abierta para un Programa Común Progresista que presentó Pedro Sánchez, con objeto de conformar un Gobierno en España, recoge en su punto 3, aquellas medidas relacionadas con la emergencia climática, la transición ecológica de la economía, la agricultura y la pesca.

La primera de ellas, una declaración de emergencia climática en el país, fue una de las principales demandas que hicieron organizaciones y colectivos ecologistas en la reunión que mantuvieron el pasado 5 de agosto con Pedro Sánchez y la ministra en funciones para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En el mismo punto en el que se explica esta medida, se recoge también el refuerzo del derecho al medio ambiente contemplado en el artículo 45 de la Constitución, incorporando la consideración de los «límites planetarios» como garantía de un progreso duradero y justo, y definiendo el acceso al agua potable y a la energía como servicios de interés general.

En este sentido, el PSOE también incluye en su documento la revisión, actualización y desarrollo del Libro Blanco de la Educación Ambiental, y el impulso de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como la implementación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la Estrategia de Transición Justa y una Estrategia de Pobreza Energética.

Y así, en la reciente Cumbre para la Acción Climática, organizada por Naciones Unidas, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha anunciado que su Ejecutivo desarrollará medidas contra el cambio climático, en caso de consolidarse tras las elecciones del 10-N, y que supondrán aportar 150 millones de euros al Fondo Verde del Clima (el mayor mecanismo en la lucha contra el cambio climático a nivel mundial para países en desarrollo) en los próximos cuatro años. El anuncio del presidente del Gobierno está en consonancia con su principal preocupación en materia de transformación energética y lucha contra el cambio climático: que esa transición "no se cebe en los más débiles".

España va a estar a la vanguardia en la lucha contra el calentamiento global, con un compromiso firme de luchar contra la pobreza y reducir las desigualdades.

El PSOE está comprometido. Ahora nos toca a todos nosotros.