La mala gestión y la sombra de la corrupción en Urbanismo son sólo el síntoma de un problema mayor. El ciclo político del PP y De la Torre ha llegado a su fin.

Las declaraciones de tres funcionarios en laComisión de Infracciones Urbanísticas celebrada el pasado mes de septiembre encendieron todas las alarmas en el Ayuntamiento de Málaga. En esa comisión de investigación, los trabajadores públicos aseguraron que sufrieron “injerencias políticas” y presiones para “mirar para otro lado” y “dejar prescribir” infracciones urbanísticas. A raíz de las declaraciones de estos funcionarios, la Fiscalía de Málaga ha presentado una denuncia por las supuestas injerencias políticas en expedientes de infracciones urbanísticas contra el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital, Francisco Pomares, la concejala del distrito de Cruz Humilladero, Teresa Porras, y contra el coordinador general de Urbanismo, José Cardador, y ha pedido que se investiguen los posibles delitos de prevaricación por omisión, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación. Tras la denuncia de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha abierto diligencias previas y los ha citados como investigados.

Estas presiones de dos concejales y un gerente a funcionarios para que miraran para otro lado ante unas obras ilegales y practicaran un urbanismo a la carta demuestran que después de 25 años en el poder el PP ha confundido las instituciones con su chiringuito. Las graves acusaciones de los trabajadores públicos y la investigación judicial abierta dejan a Pomares, Porras y Cardador inhabilitados políticamente para seguir al frente de sus responsabilidades. Sin embargo, el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, pretende dejar al zorro al cuidado del gallinero. 

Proteger a Pomares, Porras y Cardador es la forma que tiene De la Torre de protegerse a sí mismo. La investigación judicial por las injerencias políticas es sólo la punta del iceberg. La propia Guardia Civil ha llegado a conclusiones muy preocupantes con respecto a la Gerencia Municipal de Urbanismo(GMU): expedientes que se dejan morir en los cajones mediante un equipo B, presión a los funcionarios para mirar hacia otro lado, persecuciones e injurias para aquellos que se niegan a seguir ese urbanismo a la carta y posible manipulación de expedientes y bases de datos. El urbanismo en Málaga está bajo sospecha. Y, casualmente, el urbanismo de Málaga está en manos de la misma persona desde hace 25 años: de Francisco de la Torre, primero como concejal y después como alcalde y presidente del Consejo Rector de la GMU. Porque si algo ha sucedido en urbanismo en los últimos años, si Porras, Pomares y Cardador hacían algo, no tengan duda, De la Torre lo sabía y lo consentía. Es el alcalde un cooperador necesario para que se generase esta supuesta trama de corrupción política. Era el único que pudo dar el visto bueno a dicho ‘modus operandi’, al igual que pudo ser el único que lo parase, y no lo hizo.

Que la Gerencia Municipal de Urbanismo se ha convertido en un mastodonte burocrático generador de desigualdades entre los malagueños es un secreto a voces en la ciudad. Un departamento que igual acumula miles de expedientes sin tramitar que tarda años en conceder licencias a promotores, poniendo en riesgo las inversiones. Hablamos de un ente municipal que bate año tras año el deshonroso record de mínima ejecución presupuestaría. Ahora, además de esa ineficacia, también recae sobre ella la sombra de la corrupción con un supuesto urbanismo a la carta e injerencias políticas. No lo podemos permitir. No podemos ni debemos tolerar la corrupción en esta ciudad.

La mala gestión y la sombra de la corrupción en Urbanismo son sólo el síntoma de un problema mayor. Vivimos un mandato en blanco, con problemas endémicos como la limpieza sin resolver, y un equipo de gobierno en franca descomposición, dándose a la fuga varios de sus concejales, que ya nada tienen que aportar a la ciudad. Es el urbanismo, pero también los 28 millones de euros dilapidados en el famoso Museo de las Gemas o la incapacidad para solucionar el conflicto con los bomberos, que llevan más de dos años en huelga por los recortes y la precarización del servicio. Es el momento del cambio político en Málaga. Es el momento de cambiar a un alcalde y un PP que llevan un cuarto de siglo en el Ayuntamiento de Málaga.