El PSOE llevará a pleno los problemas de las fiestas ilegales en viviendas turísticas en Málaga
Los socialistas urgen a Ayuntamiento y Junta a “ponerse a trabajar para frenar un fenómeno que ataca al descanso de los vecinos tras más de 100 denuncias desde la Semana Santa en Málaga en la ciudad de Málaga”. Al Consistorio le recuerdan que en diciembre de 2020 se aprobó por unanimidad buscar el consenso con los agentes sociales para regular la actividad de las viviendas turísticas a través de la modificación del PGOU, mientras que al Gobierno regional solicitan la ampliación de recursos para inspeccionarlas, como prevención a su uso ilegal
El Grupo Municipal Socialista llevará al pleno de abril el problema de la celebración de fiestas ilegales en las viviendas turísticas la ciudad de Málaga a través de una moción que pedirá al Ayuntamiento, “como se aprobó por unanimidad en diciembre de 2020, que busquemos el consenso con los agentes sociales para regular la actividad de estos pisos a través de la modificación del PGOU. También pedimos a la Junta de Andalucía que invierta un mayor esfuerzo de personal para controlar su actividad, para prevenir estas fiestas ilegales que tan dañiñas son para la convivencia en las comunidades de vecinos y que se han ganado más de 100 denuncias de la Policía Local durante la pasada semana”.
Así lo ha manifestado el líder socialista en compañía de varios concejales de su grupo, uno de ellos Pablo Orellana, responsable del área de Turismo en el PSOE. Daniel Pérez advierte de que “este fenómeno se ha desbordado en la ciudad de Málaga y que ni la Junta destina los recursos suficientes para vigilar actividades ilegales en estas viviendas, porque sólo hay ocho inspectores para los 35.400 pisos turísticos que hay en la provincia de Málaga, 6000 de ellos registrados en nuestra ciudad, ni el Ayuntamiento está haciendo nada por establecer un número clausus”, como se comprometió a finales de 2020. “En Madrid tenemos un espejo de esta realidad, donde se ha descontrolado completamente este fenómeno por la libertad de la señora Díaz Ayuso, una situación que se está dando ya en la ciudad de Málaga”, ha añadido.
“Y nos preocupa mucho que el alcalde, Paco de la Torre, todavía no se ha pronunciado sobre este problema, pese a que se han llevado a cabo más de cien intervenciones por parte de la Policía Local”, ha criticado el socialista. “Exigimos tanto al equipo de gobierno local como a la Junta de Andalucía que se tomen en serio la celebración e estas fiestas ilegales, porque se atenta contra el descanso de los vecinos ya que muchas terminan de madrugada y se superan los límites de ruido. El presidente Juanma Moreno debe sacar más plazas de inspectores porque con ocho funcionarios para toda la provincia y más de 6.000 viviendas turísticas registradas en la ciudad de Málaga, sin tener en cuenta las ilegales, es imposible controlar estos eventos”.
El socialista ha recordado que la moción de diciembre de 2020, que salió adelante para pedir una modificación del PGOU, con el consenso de los agentes sociales, para limitar el número de viviendas turísticas en la ciudad “ya tiene precedentes legales que lo respaldan, concretamente el fallo del Tribunal Supremo a favor del Ayuntamiento de Bilbao, que ahora puede establecer un número clausus en su centro histórico”. Por eso, “queremos que se actúe de manera urgente”, ha zanjado por su parte el portavoz socialista, Daniel Pérez.
El concejal Pablo Orellana, que defenderá esta moción durante la próxima sesión plenaria, ha agregado que “el número de inspectores que vigilan la actividad en los pisos ilegales es absolutamente insuficiente en la ciudad de Málaga, luego no podemos evitar la celebración de estas fiestas con carácter preventivo, obligando a la Policía Local a intensificar su trabajo desde la Semana Santa”, momento en que comenzaron a convertirse en un “gran problema”. El concejal ha recordado fiestas ilegales celebradas “mucho más allá del toque de queda en una azotea de Calle Granada y en un piso de Capuchinos, donde se dieron cita hasta 24 personas en esta última”. Al problema de ruido se suma además “el de convertirse en focos de contagio, porque ni se respetan las distancias sociales ni se hace uso de la mascarilla como aconsejan las autoridades sanitarias”.
El socialista, responsable de Turismo en el grupo, ha recordado que “nuestro ayuntamiento es competente en la regulación a través de modificaciones del PGOU y debe ser garante del buen clima en las comunidades de vecinos”, además de que “la proliferación de las viviendas turísticas ayuda a que aumenten los precios de alquiler y en la compra y venta, una cuesta insalvable para los jóvenes que desean emanciparse y para las familias con una economía humilde”, ha añadido. “La solución es la regulación de la vivienda turística, un sector que genera más de 1200 millones de euros de beneficio en Andalucía, cuya regulación es imprescindible para garantizar la calidad turística de nuestra tierra”, ha zanjado Orellana.
