El PSOE rechaza la supresión o agrupación de municipios porque atenta contra la autonomía local y la identidad de los pequeños pueblos

El Grupo Popular se alineó con el Gobierno de España, que ha remitido a UE el Plan de Reformas, el cual incluye esta medida

El Grupo Socialista ha defendido en el pleno de la Diputación una moción para que la institución malagueña abandere la oposición a los planes de gobierno, aprobados por el Consejo de Ministros y remitidos a las autoridades de la UE, que incluyen la supresión y agrupación de municipios. El Grupo del Partido Popular votó en contra del primer acuerdo de la moción en la que se proponía el rechazo a estas intenciones. Los tres grupos sí respaldaron los otros dos acuerdos en los que se reivindica el papel de los pequeños ayuntamientos en el desarrollo social de los municipios en estas tres décadas de democracia local y para el futuro y se insta al Gobierno de España a que encuadre cualquier medida respecto a los ayuntamientos y demás entes locales dentro de un debate político que desemboque en un pacto de estado sobre el modelo de articulación de las administraciones públicas, sus competencias y la suficiencia financiera para su desarrollo.

El Consejo de Ministros del viernes 28 de abril aprobó la remisión a la Unión Europea y a la Comisión Europea del Programa Nacional de Reformas de España 2012 y el Programa de Estabilidad de España 2012-2015. En el primer documento, dentro del apartado de ‘Modernización y Racionalización de las Administraciones Públicas’ en el punto 2.4, el Gobierno expone como medidas la delimitación de competencias locales y su financiación y la agrupación de municipios en función de la población.
Preguntada la vicepresidenta del Gobierno sobre la supresión de las diputaciones y la fusión de municipios pequeños, ésta ha señalado que España tiene un número de ayuntamientos muy superior a otros países europeos, por lo que habrá que introducir medidas de racionalización, eficiencia y reducción del gasto público. Estas medidas, ha dicho, serán dadas a conocer por el Ministerio de Hacienda en las próximas semanas, el cual aparecido citado en informaciones periodísticas el pasado jueves 3 de mayo señalando que está trabajando con la cifra de un mínimo de 5.000 habitantes.

Dada la autonomía municipal, como ha recordado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) no se puede obligar a los ayuntamientos a fusionarse. Sin embargo, es obvio sí se puede hacer por la vía de los hechos, es decir: el Ejecutivo puede decidir que las competencias de las localidades más pequeñas sean ejercidas por otra entidad, por ejemplo las diputaciones, y que esos ayuntamientos, al carecer de competencias, tengan menos sentido y se vean obligados a asociarse.
La urgencia para la aplicación de la agenda de recortes impulsada por el Gobierno de España conduce a pensar que las medidas respectos a la fusión, eliminación y/o agrupación de municipios será efectiva en pocas semanas. Aunque el Gobierno trata de consensuar un documento con la FEMP, el propio presidente de ésta, Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla, ha expresado que la federación se opone a la medida y que considera prioritario la racionalización del gasto antes que la agrupación de municipios, propuesta que atentaría contra la autonomía local.

De concretarse la propuesta de Hacienda, en la provincia de Málaga 77 municipios menos de 5.000 habitantes se verían afectados.

Los socialistas entendemos que una decisión de tal calado, que rodea el principio de autonomía local, consagrado constitucionalmente, no es de recibo. Primero, porque se hurta un debate serio y público sobre una cuestión que afecta a la gestión de nuestros municipios, los más pequeños, pero sobre todo porque la labor de decenas de alcaldes y alcaldesas ha sido fundamental para el desarrollo de nuestro ámbito rural en condiciones de igualdad frente a las grandes áreas pobladas. No sólo es un debate sobre el gasto de los recursos públicos, es un debate sobre la identidad, la idiosincrasia y la cultura de nuestros pueblos, y sobre la igualdad en el desarrollo de éstos. Estamos hablando de sentimientos de pertenencia y de comunidad fortalecida históricamente. Es un profundo debate de identidad que supera las cuestiones económicas.

Es un nuevo paso en la imposición de un nuevo modelo territorial y administrativo con un indiscutible alcance político y social. Lo que parecen medidas aisladas, en conjunción representan la articulación de un modelo de convivencia a golpe de decreto ley.

Estas medidas se proponen sin tener en cuenta el marco legislativo de las comunidades autónomas. En nuestro caso, la Ley de Autonomía Local de Andalucía ha representado un avance pionero, junto a Ley de Participación de los Entes Locales en los Tributos de la comunidad autónoma, en la asignación de competencias y recursos económicos públicos.

Como ya hemos referido en otras iniciativas de este Grupo, la Ley de Autonomía Local de Andalucía delimita las competencias de las diputaciones provinciales. Están al servicio de los ayuntamientos y la prestación de colaboración económica y técnica, por la naturaleza de ese apoyo, se centra en los pequeños y medianos municipios, los cuales tienen menos recursos humanos y materiales para cubrir el ámbito estricto de su competencia.

En suma, el Gobierno quiere imponer medidas que afectan a los municipios sin respetar su autonomía, sin debate público y sin tener en cuenta que existe marco normativo para mejorar la eficacia y eficiencia de los municipios y entes locales sin perjuicio de la citad autonomía y respetando la realidad social, económica y cultural de éstos.