El PSOE pide a Bendodo que aparte a los doscargos de Diputación relacionados con el ‘caso Kaleido’ sobre presunta malversación de fondos públicos

Un juzgado de Torremolinos ha abierto una investigación por la autorización de una terraza en Puerto Marina

El portavoz socialista en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, ha anunciado hoy que su grupo pedirá en el próximo pleno que el presidente de la institución y del Partido Popular, Elías Bendodo, aparte de sus funciones a los dos cargos de confianza vinculados a la investigación del 'caso Kaleido', que tramita un juzgado de Torremolinos por presunta malversación de caudales públicos. "¿Va a mantener a dos personas que han podido incurrir en delitos tan graves como falsedad documental y malversación de caudales públicos?", se cuestionó el responsable socialista.


Conejo ha recordado que Enrique Moya es asesor de Asuntos Taurinos y María del Carmen Romero, la edil tránsfuga que dio la alcaldía a Moya en 2008, está contratada a dedo como asesora de desarrollo local en la Diputación.

Ayer se conoció que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga ha acordado abrir diligencias de investigación penal por haber detectado indicios de malversación de caudales públicos y falsedad documental en el puerto de Benalmádena durante la gestión del ex alcalde del municipio Enrique Moya. La investigación está motivada por una denuncia interpuesta el pasado mes de agosto por la nueva dirección del Puerto Deportivo, presidida por el concejal Francisco Salido, por la cesión de espacio público a la discoteca Kaleido de Puerto Marina para el montaje de una terraza.


La empresa de la discoteca y el Puerto firman un contrato de cesión de la terraza el 20 de julio de 2009 desoyendo el informe del técnico municipal que estableció varios condicionantes, entre ellos, la preceptiva autorización de la Agencia Pública de Puertos (APPA). Efectivamente, la terraza se instala sin el permiso de APPA. Durante ese tiempo no se recibió el canon por ocupación de la vía pública, cuya cuantía ascendía a 66.746 euros. Posteriormente, en octubre de 2009, la APPA pide la restitución del dominio público, esto es, la retirada de la terraza. El Puerto alega, pero finalmente la APPA resolvió la retirada del espacio en octubre de 2010. La empresa solicita una indemnización tras la petición del desmontaje de la instalación. Entonces, la concejala del Puerto, María del Carmen Romero, encarga un estudio de arquitectura para determinar la inversión realizada en la terraza y así calcular posibles indemnizaciones. El primer informe está fechado en enero de 2010 y cifró la indemnización en 25.456 euros.


Cabe recordar, que en el acuerdo que se firmó entre la sociedad municipal del Puerto y la discoteca se estipulaba que esta última no tendría derecho a indemnización si la revocación del permiso estaba justificada. Después, en febrero de 2011, se encargó a la misma empresa otra valoración, que situó la inversión realizada en esta terraza en 62.348 euros. Enrique Moya firma como presidente del Puerto la resolución del contrato aplicando la valoración superior y la compensa con el canon no pagado por el uso de la terraza. Así que quedó saldada tras el abono de 4.397 euros con fecha de 23 febrero de 2011.



"Esta misma semana registraremos la relación de preguntas por escrito, por si el presidente de la institución quiere contestar antes del 13 de diciembre, fecha del pleno", ha indicado Conejo. "El presidente del PP no puede mantenerse al margen de un asunto como éste, pues los dos cargos son nombrados como personal de confianza. Bendodo debe explicar a los ciudadanos de Benalmádena y de Málaga por qué se indemniza a una empresa por un contrato cuando existe una cláusula que indica que no debe abonarse cantidad ninguna en tres supuestos o casos: necesidad, urgencia u otras circunstancias. ¿Por qué no se acogieron a esa cláusula?".


"Bendodo debe plantearse si permitirá que la sombra planee sobre la Diputación de la mano de dos cargos elegidos con su firma, avalados por él", ha agregado.



Para los socialistas, no es comprensible que la discoteca usara la terraza cuando sabía que el organismo que debía autorizar la instalación la Agencia de Puertos de Andalucía y no lo había hecho. "Más allá de lo que hagan los tribunales, estamos pidiendo responsabilidades políticas, porque se antepusieron los intereses particulares de una empresa a los intereses generales de la ciudad", ha resaltado Conejo, quien se ha preguntado por qué la misma empresa hace dos valoraciones distintas de las mismas instalaciones o por qué se coge la más alta. "Qué casualidad que la indemnización coincide prácticamente con la deuda que tenía contraída la propietaria con el Ayuntamiento", ha indicado.

Conejo compareció con el diputado provincial y alcalde de Benalmádena, Javier Carnero, quien recalcó que el "Ayuntamiento se personará como acusación particular de proseguir el proceso judicial. Es una obligación de quienes representamos los intereses de los benalmadenses". El diputado socialista ha indicado que "las dudas planteadas deben aclararse". "Desgraciadamente es un tema habitual encontrarnos que la gestión del PP primaba los intereses particulares", ha añadido. "Nunca se tenía que haber indemnizado, pero aún en ese caso, jamás se tenía que haber usado la valoración más alta", ha añadido.