El PSOE critica que al PP “no le duele el colapso de la sanidad pública” ni que se expulse a los malagueños “por la falta de vivienda asequible”

La concejala Carmen Martín afea a la bancada popular en el Ayuntamiento de Málaga que vote en contra de “dos mociones propositivas y con gran contenido social”, centradas en “dos derechos fundamentales, el acceso al servicio sanitario público de calidad y un hogar” en plena crisis de habitabilidad en la capital

El Grupo Municipal Socialista ha llevado a comisión de Derechos Sociales dos mociones “con gran contenido social”, puesto que defienden el acceso a una atención sanitaria pública de calidad y a una vivienda digna, “lejos de los precios disparados que vemos en la ciudad de Málaga y que son inasumibles por las familias”. Así lo ha manifestado la concejala socialista, Carmen Martín, después de que el voto del grupo municipal del PP tumbe sendas iniciativas.

 

Martín ha denunciado “el deterioro alarmante de la sanidad pública en Málaga y Andalucía”, una situación que se refleja diariamente en los medios de comunicación y “que pone en riesgo la vida y la salud de la ciudadanía”. La edil del PSOE ha recordado el reciente caso de una mujer que sufrió la pérdida de su bebé de 28 semanas en el Hospital Materno Infantil tras un parto sin epidural, debido a la falta de personal sanitario, según denunció un sindicato del centro hospitalario. "Esta mujer solicitó analgesia epidural desde su llegada al paritorio, pero no la recibió por la grave escasez de personal de enfermería", ha declarado la edil socialista. Además, ha criticado la respuesta de la dirección del hospital, que aseguró que “todo se llevó a cabo siguiendo el protocolo”, a pesar de que solo una enfermera tuvo que atender a nueve parturientas al mismo tiempo. "Esta situación pone en peligro la vida de las mujeres y de sus recién nacidos", ha advertido Carmen Martín.

 

La concejala ha recordado que el Hospital Materno Infantil es actualmente “la única maternidad pública en Málaga”, tras el cierre del servicio en el Hospital Clínico, y atiende a una población en constante crecimiento. "En 2024 se registraron 4.767 partos en este hospital y, en lugar de reforzar el personal, se ha reducido la plantilla de enfermería", ha denunciado la responsable socialista de asuntos sanitarios. Asimismo, Martín ha señalado el colapso de la Unidad de Endometriosis, “con más de un año de espera para pruebas diagnósticas, lo que impide un tratamiento adecuado para una enfermedad crónica y degenerativa. A esto se suma la existencia de más de 5.000 revisiones ginecológicas en espera desde 2022 y 2023”.

 

Por otro lado, la concejala ha recordado que el PSOE ya advirtió en una moción del riesgo que corre el programa público de detección del cáncer de mama. En esta línea, Lola Rodríguez, usuaria del Servicio Andaluz de Salud, ha compartido su testimonio sobre la deficiente atención sanitaria en Málaga. Rodríguez ha relatado el caso de su hermana, residente en Churriana, quien tuvo que realizarse una mamografía “en una furgoneta” debido al cierre de centros especializados como el de La Roca. Tras realizarse la prueba en septiembre, no recibió noticias hasta febrero, cuando le comunicaron que habían detectado una anomalía. "Seis meses de retraso en un diagnóstico pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte", ha denunciado Rodríguez.

 

El PSOE ha destacado que las listas de espera siguen en aumento, con más de 2 millones de andaluces afectados y casi 15.000 nuevos pacientes en solo seis meses. En Málaga, más de 35.000 personas aguardan una intervención quirúrgica, y 5.000 de ellas han superado el plazo máximo de garantía establecido por el propio Servicio Andaluz de Salud (SAS). Además, los profesionales sanitarios han iniciado movilizaciones y huelgas ante la sobrecarga laboral y la falta de personal.

Martín ha exigido explicaciones sobre el destino de los 1.000 millones de euros adicionales para sanidad contemplados en los presupuestos de la Junta de Andalucía, denunciando que "a pesar de contar con más dinero que nunca, la gestión sigue siendo deficiente".

 

También ha criticado que “en 2024 quedaron sin ejecutar más de 400 millones de euros destinados a sanidad, fondos que podrían haberse utilizado para reforzar plantillas y mejorar la atención sanitaria”. Finalmente, la concejala ha alertado de que la satisfacción de las pacientes en el área de Ginecología del Hospital Materno Infantil ha caído de un sobresaliente a un 4,4 sobre 10, un claro reflejo del deterioro del servicio. "Las mujeres afectadas por esta situación no se quedarán calladas, y en los próximos meses veremos más movilizaciones", ha zanjado Carmen Martín.

 

El PP se lava las manos con las VPO de Soliva

 

Durante la misma comisión de Derechos Sociales y Vivienda, la concejala socialista Carmen Martín ha denunciado que el PP ha frenado la intermediación del Ayuntamiento entre InmoCaixa y las familias residentes en las 98 viviendas protegidas de la barriada de Soliva, a las que accedieron hace 20 años con contratos de alquiler con opción a compra y gestionadas por la antigua Obra Social de La Caixa. El problema radica en que InmoCaixa no reconoce estos contratos y da largas a los vecinos, a quienes se prometió por escrito que optarían a la propiedad de sus casas pasados 10 años desde empezar a pagar la cuota de alquiler. "Estos vecinos han intentado por todos los medios llegar a un acuerdo con InmoCaixa, sin éxito. Ni por correo electrónico, ni por teléfono, ni de ninguna otra forma han recibido atención", ha lamentado la edil socialista. Ante esta situación, los afectados han acudido al Ayuntamiento en busca de apoyo y soluciones a través de la moción defendida por la concejala socialista.

Martín ha resaltado la disparidad de criterios en los contratos de alquiler, que provoca que “vecinos con viviendas de igual superficie paguen rentas diferentes sin una justificación clara”. Además, ha criticado la imposición del pago del IBI a los inquilinos, una práctica que ha sido declarada ilegal por el Tribunal Supremo en una sentencia de noviembre de 2023. También se han detectado cláusulas abusivas, como la posibilidad de que la empresa entre en las viviendas sin consentimiento de los inquilinos”. La moción, que pretendía en varios puntos la intermediación del Ayuntamiento de Málaga, no ha salido adelante por los votos en contra del Partido Popular.