El 28 de abril, además de ser el día mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es también el día en el que el movimiento sindical mundial celebra su Jornada Internacional de Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos y Lesionados, para así honrar la memoria de las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Desde su fundación a finales del siglo XIX, tanto el partido socialista, como su sindicato hermano la UGT, contemplaban como principios fundacionales la defensa de los derechos de la clase trabajadora, en la consecución de unas condiciones de trabajo seguras y dignas. Mucho ha llovido desde entonces, y mucho ha sido lo conseguido hasta la fecha, pero no podemos ni debemos conformarnos con los derechos y garantías consolidados, sino que tenemos que continuar hasta la consecución de una tasa cero en accidentes laborales.

Es de la mano de los ponentes socialistas de la Carta Magna Española la redacción del artículo 40.2 de la Constitución Española, por el que se encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Y es nuevamente de manos socialistas de las que emana la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Siendo presidente Felipe González y ministro del ramo José Antonio Griñan. Una Ley que quedó en cierto limbo durante los mandatos de Aznar (1996/2004). No sería hasta la llegada de José Luis Rodriguez Zapatero al gobierno de España en 2004, cuando se haría una apuesta decidida por la vigilancia en la aplicación de dicha norma por parte de la Inspección de Trabajo, y se comienza a crear equipos especializados en seguridad laboral y se implementan de forma decidida los servicios de prevención de accidentes y vigilancia de la salud a través de las mutuas de accidentes inicialmente.

La siniestrabilidad laboral sigue siendo hoy día una lacra a la que por desidia de los gobiernos de derechas no se ha podido poner fin en pleno siglo XXI. Han contribuido a ello notablemente con la continua falta de reposición y reducción del cuerpo de Inspectores y Subinspectores de Trabajo y Seguridad Social, que resultan imprescindibles en las labores de seguimiento, disuasión y aplicación del régimen sancionador en su caso, como herramientas coercitivas, de concienciación y pedagógicas. Por ello que el actual Gobierno de España está realizando un esfuerzo para la reposición y ampliación de las plazas vacantes en la Inspección de Trabajo, a lo que habría que unir tal vez la implicación de otras administraciones con competencias en la materia, como lo son las Comunidades Autónomas, a las que habría que exigir igual nivel de compromiso en la lucha contra la siniestrabilidad laboral, junto con centrales sindicales y patronales.

Combatir y prevenir los accidentes laborales, debería ser un compromiso colectivo de nuestra sociedad, donde todos nos implicásemos en la prevención, reforzando la formación en la materia y ejerciendo una función pedagógica, por la que todos estemos mentalizados en el objetivo de conseguir una tasa cero en accidentes.

Francisco Medina

Secretario de Empleo y Trabajo Autónomo del PSOE de Málaga