La situación de la sanidad pública en Málaga capital ha alcanzado niveles críticos. Esta realidad, lejos de ser nueva, es el resultado de años de promesas incumplidas por parte de la Junta de Andalucía, liderada por el presidente Juan Manuel Moreno. A pesar de los anuncios repetidos sobre mejoras y nuevas infraestructuras, los ciudadanos de Málaga continúan enfrentándose a un sistema sanitario colapsado, con largas listas de espera, falta de personal y recursos insuficientes. ¿Realmente es la salud una prioridad para la Junta?

Uno de los ejemplos más evidentes de este desinterés es la promesa del nuevo hospital en los terrenos del Hospital Civil, un proyecto que debía ser el salvavidas del sistema sanitario en la provincia. En 2021, la Junta presentó un plan ambicioso: un hospital con 810 habitaciones, 189 consultas y 42 quirófanos, diseñado para aliviar la creciente presión sobre las infraestructuras existentes. Sin embargo, tres años después, no hay avances significativos. Las obras no han comenzado, y lo que se prometía como una solución urgente ha quedado en meras apariciones públicas con maquinaria de fondo y discursos vacíos.

La situación del Hospital Pascual no es menos preocupante. Tras su cierre en 2018, el presidente Moreno prometió su reapertura en 2023 para, al menos, mitigar temporalmente el colapso del sistema sanitario malagueño. No obstante, en lugar de cumplir con esta promesa, la Junta ha dilatado los plazos y ahora estudia otros posibles usos para el edificio, lo que demuestra una absoluta falta de compromiso con la atención sanitaria pública. Mientras tanto, los malagueños siguen esperando. Según los últimos datos, más de 33.000 personas están en lista de espera quirúrgica, y más de 200.000 aguardan la visita a un especialista.

Este problema no se limita a la falta de infraestructuras. También existe un grave déficit de personal médico y sanitario. En 13 de los 26 centros de salud de Málaga se registra escasez de personal, lo que provoca que los pacientes tengan que esperar semanas, incluso meses, para ser atendidos. Esta carencia se extiende a los hospitales, donde áreas críticas como traumatología y neurología están desbordadas. Más de 9.000 pacientes esperan una consulta en neurología, y las citas en traumatología alcanzan cifras alarmantes. La falta de médicos de familia y enfermeros también es dramática, lo que incrementa aún más la presión sobre un sistema que no da abasto.

El impacto de este colapso es devastador para los pacientes. Historias como la de Ana Pérez, que lleva más de 10 meses esperando una resonancia magnética, o la de Juan Ramírez, cuya cita con el cardiólogo ha sido retrasada en tres ocasiones, no son casos aislados. Son reflejos de una crisis estructural que afecta a miles de malagueños. La frustración y el miedo se acumulan en los pacientes, mientras su salud se deteriora sin la atención médica adecuada.

Esta realidad contrasta fuertemente con los discursos del gobierno andaluz, que insiste en que se están tomando medidas para mejorar la situación. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario. En lugar de reforzar la sanidad pública, la Junta ha optado por desviar fondos a la sanidad privada, agravando la situación. Un informe reciente de la Cámara de Cuentas de Andalucía reveló que, durante la pandemia, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) adjudicó contratos millonarios a empresas privadas de manera irregular, sin control ni transparencia.  Este desvío de recursos no solo pone en peligro el sistema público, sino que también perpetúa un modelo que beneficia a unos pocos a costa de la mayoría.

Resulta inaceptable que, con más recursos disponibles que nunca, el sistema sanitario funcione peor que nunca. Es evidente que la gestión del SAS, plagada de irregularidades, ha priorizado los intereses de la sanidad privada sobre los de la pública. Esto no es una cuestión de eficiencia o necesidad, sino de decisiones políticas que afectan directamente la salud de los ciudadanos. Si la Junta realmente quisiera mejorar la atención sanitaria, destinaría esos fondos a contratar más personal, reducir las listas de espera y mejorar las infraestructuras existentes.

La falta de compromiso por parte de las autoridades también se refleja en la inacción del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. A pesar de las continuas quejas de los ciudadanos y de la evidencia del colapso del sistema, el alcalde no ha hecho lo suficiente para presionar a la Junta y exigir las inversiones necesarias. En lugar de ello, ha adoptado una actitud complaciente, permitiendo que la situación sanitaria en la ciudad se deteriore aún más.

La sanidad pública no debería ser un tema de debate político, sino una prioridad innegociable. Los malagueños merecen un sistema sanitario que funcione, con personal suficiente, infraestructuras adecuadas y una gestión eficiente. Sin embargo, la realidad es que, para la Junta de Andalucía, la salud no parece estar entre sus prioridades. Las promesas incumplidas, el desvío de fondos y la falta de acción son prueba de ello. Mientras tanto, los ciudadanos siguen sufriendo las consecuencias.

Es hora de que se tomen medidas reales y urgentes. La sanidad pública debe ser defendida y fortalecida, no abandonada a su suerte. Los malagueños merecen un sistema que esté a la altura de sus necesidades, y es responsabilidad de Moreno Bonilla y De la Torre solucionarlo. La salud, como derecho fundamental, no puede esperar más.