El pasado sábado 20.000 malagueños y malagueñas salimos a la calle para pedir al gobierno de Moreno Bonilla que acabe ya con el ataque al que está sometiendo a la sanidad pública malagueña poniendo como excusa a la pandemia del COVID. Ha quedado demostrado, ahora que gobiernan en Andalucía, que la postura del PP respecto a los servicios públicos esenciales siempre ha sido de oportunismo.

Repasando las hemerotecas vemos como no dudaron en recorrer colegios e institutos públicos recogiendo firmas cuando estaban en la oposición en Andalucía pero ahora miran para otro lado si la comunidad docente pide más medios y recursos; criticaron hasta la saciedad a los gobiernos socialistas en la Junta porque existía un supuesto menosprecio a la provincia cuando ellos la han colocado a la cola de la inversión por habitante sin ni un solo proyecto nuevo de relevancia; y no dudaron, Elías Bendodo entre ellos, en ponerse tras una pancarta para defender entonces a la sanidad pública junto a los sindicatos aunque ahora, para Bendodo, esas movilizaciones son "forzadas" y ataca el papel de los sindicatos y de las asociaciones profesionales porque, para él, estas protestas son una "guerra sucia".

Así, cuando ya han pasado varios días de estas concentraciones que han recorrido toda Andalucía movilizando a más de 75.000 personas, lamentamos que no haya visos de cambio en esta estrategia en la que permanece el PP y Cs, con el apoyo indispensable de Vox, que no es otro que seguir desprestigiando a la sanidad pública en beneficio de la privada. Un ataque que no se queda exclusivamente a la atención primaria y a la hospitalaria, sino que va más allá y también incluye otros ámbitos de este gobierno que dice defender a las familias o las políticas sociales, como estamos viendo con la privatización de servicios de la Fundación Pública Andaluza para la Integración social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM), entre otros.

Desde todos los ámbitos es injustificable que el gobierno de Moreno Bonilla despida a 1.500 sanitarios en nuestra provincia y se ponga en jaque la continuidad de otros 2.000 el mes que viene cuando dispone de más de 3.000 millones de euros en recursos enviados desde el gobierno central para reforzar la sanidad pública provenientes de los fondos COVID. También es inaceptable que Elías Bendodo presuma de superávit cuando la espera para lograr una cita presencial exista una demora de más de 15 días en nuestros centros de salud al igual que las telefónicas tras haber convertido este servicio en un nuevo "Salud No Responde". Y es imperdonable que todo el caos sanitario se achaque a la pandemia cuando el gobierno de la Junta ha estado 3 años de brazos cruzados, por mucho que venga Bendodo a intentar vender la licitación de un centro de salud en la capital como un episodio propagandístico más para salvar los muebles.

Uno más, porque ya llevamos unos cuantos como las fotos en las puertas del hospital fantasma de Estepona que sigue sin abrir de forma completa. E intentando que no mire hacia una realidad que señala hechos tan graves como la situación de burn-out que viven nuestros sanitarios, la falta de pediatras y médicos en los municipios del entorno rural, las carencias de los servicios de urgencias, incluido el 061, en la zona norte de la provincia y en la Costa del Sol, las colas en los centros de salud, el cierre de la maternidad en el Hospital Clínico, el caos en la integración de las agencias sanitarias...

Por todo esto, y mucho más, la sanidad pública malagueña dijo 'basta ya' a Moreno Bonilla el pasado sábado. Porque jamás se había colocado al Servicio Andaluz de Salud en esta situación de colapso, un hecho que se ha visto agravado por la pandemia.

Desde el PSOE ya hemos ofrecido como única vía posible, hace menos de un mes, la puesta en marcha de un plan de choque que permita revivir a nuestro sistema sanitario, que implique la readmisión de esos 1.500 sanitarios despedidos por la Junta (8.000 en toda Andalucía), el blindaje de los otros 2.000 que terminan contrato en marzo (12.000 en nuestra región), el refuerzo en la atención primaria con otros 3.000 profesionales y la puesta en marcha de medidas extraordinarias para reducir las lista de espera. Y Moreno Bonilla se negó.

Estamos ante unas propuestas claras de solución por mucho que se empeñe el gobierno de la Junta de sacar pecho de datos y estadísticas interesadas. Porque mientras siga existiendo esta situación y aunque Moreno Bonilla esté ahora más centrado en ver cuando pulsa el botón electoral ante el auge de la extrema derecha, los y las socialistas no dejaremos de apoyar las reivindicaciones legítimas de la sociedad civil que quiere una sanidad pública y de calidad.

La misma sanidad que existía con gobiernos socialistas y que ahora vive sus momentos más críticos porque se ha topado con un presidente de la Junta, unos consejeros y unos socios de gobierno que no creen en ella.