El espectáculo que estamos viviendo con las vacunas contra el Covid es bochornoso, por no utilizar palabras más gruesas. Para la oposición todo vale para desgastar al Gobierno de España, incluidas las vacunas que salvan vidas.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció en septiembre que las vacunas llegarían a España en diciembre. Tiempo le faltó a la portavoz en Sanidad del PP, la señora Pastor, para pedirle al Gobierno Central “que no jugara con las esperanzas de los españoles”. Ha quedado retratada.

En noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Vacunación, compuesto de tres etapas, a implementar desde enero, en el que los sanitarios y mayores en residencias serían los primeros en vacunarse. Salieron en tromba el PP y los consejeros autonómicos de Sanidad de los populares a criticar que en la elaboración de dicho plan no se había contado con las Comunidades Autónomas. Sin embargo, el ministro Illa aseguraba que el Plan se llevaba trabajando desde septiembre junto a todas las autonomías.

Cuando las vacunas llegaron a España el 26 de diciembre, a la oposición le molestó que las cajas llevaran el logo del Gobierno con la bandera de nuestro país. “El logo es tan grande como el número de fallecidos que han ocultado”, decía miserablemente en twitter el PP de Madrid, a la vez que el PP nacional exigió de inmediato un reparto equitativo de las vacunas.

Una vez que ha comenzado la campaña de vacunación, el PP lo ha convertido en un nuevo campo de batalla político, lo que resulta, cuando menos, una irresponsabilidad mayúscula.

Los gobiernos autonómicos de Andalucía, Galicia o Madrid están siendo los más beligerantes contra el Gobierno Central en esta fase de vacunación. Día tras día vienen exigiendo al ejecutivo central que les envíe un mayor número de vacunas, cuando en los primeros 15 días de vacunación hemos conocido que la inmensa mayoría de las autonomías no ha llegado a inyectar ni la mitad de las que les han llegado. En el caso de Madrid, el número de vacunas puesto apenas superaba el 6%, una cantidad ridícula y más que insuficiente. ¿Para qué quieren más vacunas si no ponen las que les han llegado?

Centrándonos en la campaña en Andalucía, los medios de comunicación nos han informado en los últimos días que al ritmo actual de vacunación, el Gobierno andaluz necesitaría tres años para vacunar al 75% de la población andaluza.

De hecho, en los diez primeros días de vacunación, de las 140.000 vacunas entregadas a la Junta de Andalucía por el Gobierno Central, las administradas o utilizadas han sido solo 25.800, lo que equivale a un 18,4% del total. Para rematar la faena, hemos conocido también que el Gobierno andaluz no tiene previsto vacunar los festivos ni los fines de semana.

Estos datos demuestran una falta de planificación importante de la Junta de Andalucía. Un buen ejemplo que constata este hecho es que 15 días después del comienzo de la vacunación, el Gobierno andaluz aún no ha aprobado su propio Plan de Vacunación. ¿En base a qué plan o criterios está vacunando la Junta desde el día 27 de diciembre?

Lo que también explica la incapacidad del Gobierno de PP y C’s con respecto al proceso de vacunación es la ausencia de voluntad política para reforzar la sanidad pública, que se encuentra exhausta y colapsada, circunstancia en la que pudiera apoyarse el Gobierno andaluz de derechas para externalizar o privatizar la administración de las vacunas, como ya hecho su homóloga de Madrid, la señora Ayuso.

Señores del Gobierno autonómico: abandonen la confrontación con el Gobierno Central, refuercen la sanidad pública para hacer frente al virus y agilicen el proceso de vacunación. Cada día que pasa una dosis en el congelador es una oportunidad o una vida perdida. ¿Quién se hará responsable de ello?