Desde que comenzó la legislatura del gobierno de coalición de Pedro Sánchez, la derecha no ha dudado en basar su labor de oposición en el bulo, y ahora le ha tocado a la educación.

El pasado 19 de noviembre la mayoría de grupos parlamentarios en el Congreso dieron un paso más hacia la erradicación del modelo educativo retrógrado que impuso el gobierno de Rajoy con la Ley Wert, una normativa que fomentaba la segregación, apostaba claramente por la educación privada sostenida con fondos públicos en detrimento de la pública e instauraba en las aulas y en el currículo aspectos que deberían quedar en el ámbito privado como es la religión.

Porque la nueva LOMLOE impulsada por la ministra Celaá, ha tenido en cuenta las consideraciones de más de 250 colectivos de toda la comunidad educativa frente a un gobierno del PP que no consultó a nadie, vuelve a situar en el centro de las políticas educativas desde un marcado sentido progresista y en sintonía con el resto de países de nuestro entorno europeo, para dejar atrás una modelo desigual , elitista y carente de oportunidades para todos y todas.

No es de extrañar que, aunque esta competencia esté transferida a las Comunidades Autónomas, los gobiernos regionales de la derecha, y más los sustentados por la extrema derecha como en andaluz, hayan salido en tromba abrazados a la desinformación y a la mentira porque saben que esta ley no solo garantiza la igualdad de oportunidades, sino que acaba con el abuso de unos pocos auspiciado por la ley Wert y financiado con fondos públicos.

Así, el primer bulo se ha basado en instigar las protestas bajo una supuesta protección de la libertad de educación que tienen los padres y madres, cuando la nueva ley, no solo la refuerza sino que basa sus principios de excelencia en que cualquier alumno o alumna debe recibir, en libertad, la mejor de las enseñanzas sin que esté condicionada por los ingresos que entren en el hogar o la zona donde se viva. En virtud de esta misma libertad, la de todos y todas en sus creencias, la asignatura de religión no desaparece sino que no computará en términos académicos.

El segundo bulo se ha basado en azuzar, desde las posiciones más conservadoras, la suposición de que esta ley supone un ataque a la educación concertada. No sabemos si es por ocultar que la nueva ley prohíbe la educación segregada por sexos y las cuotas voluntarias que imponen algunos centros, se apuesta por el acceso igualitario y equipara a los centros concertados en obligaciones idénticas a la educación pública sin perjudicar a aquellos que realicen fines sociales o de interés público. O quizás por ocultar los años en los que, bajo gobiernos del PP, el gobierno privilegió a la educación concertada y dejó de reforzar la educación pública.

El tercer bulo ha pretendido manipular en todo lo relacionado a la educación especial que se brinda en los numerosos centros repartidos por todo el país, cuando, no solo se les protege, sino que, además, se fomenta la integración de su alumnado en los centros de enseñanza pública. Quizá sea el momento de recordar que Vox, en su programa electoral de 2016, defendía la desaparición de este tipo de enseñanza, por mucho que ahora quieran hacer desaparecer ese apartado de su programa electoral.

Pero, por encima de todo, el principal bulo ha tenido que ver con la situación del castellano, dentro de la máxima de la derecha de que todo vale con tal de desgastar al gobierno. En la nueva ley en ningún párrafo se encontrarán afirmaciones como que desaparece la lengua oficial del Estado en la educación ni que se beneficia o perjudica a ninguna de las otras lenguas cooficiales que están recogidas en la Constitución. Simplemente se devuelve la situación a la anterior que existía ante la imposición de la ley Wert, olvidando que el 40% de nuestra población tiene reconocida en nuestra Carta Magna la potestad de utilizar sus lenguas en sus territorios. De esta forma, todos los alumnos y alumnas conocerán las lenguas vehiculares en sus respectivos territorios.

En definitiva, la LOMLOE y su debate parlamentario, que siempre ha buscado el consenso de todas las fuerzas políticas aunque PP, Ciudadanos o Vox han preferido seguir instalados en el interés electoralista, solo persigue afianzar un modelo educativo avanzado, equitativo e inclusivo, que haga efectivo el derecho a una educación de calidad para todos y el progreso en igualdad de la ciudadanía española.

Nuestra responsabilidad como socialistas en un gobierno de coalición es respetar estos principios, lamentamos que el de los principales partidos de la oposición no sea la de anteponer los intereses de una ciudadanía libre y moderna sino la de sus propios partidos en la pelea por ver quién se queda con una porción más grande dentro de la derecha a base de bulos.