Una de las cuestiones que más ha preocupado a las familias en los últimos meses ha sido la vuelta a los colegios de forma presencial. Siendo consciente de la situación provocada por la crisis sanitaria, el Ministerio de Educación entregó en junio a las CC.AA. una guía de recomendaciones con medidas de prevención, higiene y promoción de la salud para el curso académico 2020-2021.

Un poco antes, pero en el mismo mes de junio, el Gobierno de España aprobó el reparto de 16.000 millones de euros a fondo perdido a las CC.AA., de los que 2.000 millones se destinarían obligatoriamente a educación.

La Junta de Andalucía conocía en junio que comenzarían las clases presenciales en septiembre y que contaría con transferencias económicas -384 millones han sido los que han correspondido a Andalucía- para garantizar una vuelta segura a las aulas.

Sin embargo, la falta de anticipación y planificación de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía han sido más que evidentes. Hasta el día 28 de agosto hubo que esperar para que el gobierno de Andalucía de Partido Popular y Ciudadanos aprobaran la guía anti Covid, que fue remitida a los colegios un día antes de la incorporación de los profesores a los mismos.

La ambigüedad y delegación de responsabilidades en los equipos directivos de los centros son las características que definen la guía de la consejería, lo que ha provocado la indignación de miles de profesores en toda Andalucía.

Conclusión: ha llegado septiembre y la Junta de Andalucía no ha hecho los deberes. El presidente Moreno Bonilla y el consejero Imbroda han suspendido y los equipos directivos de los colegios y los ayuntamientos han aprobado con nota alta. En cuestiones de salud no vale hacer las cosas en el último minuto, en el baloncesto quizá sí, pero en la gestión pública desde luego que no. Esperemos que Imbroda haya aprendido la lección.

La Junta de Andalucía no ha contratado a los docentes necesarios, no ha bajado la ratio a 20 alumnos por clase como ha reivindicado la comunidad educativa, no ha desdoblado clases ni ha hecho llegar el material necesario a tiempo a los colegios.

Si el curso ha podido comenzar, ha sido por el compromiso de los equipos directivos de los colegios, que en algunos casos, hasta han puesto dinero de sus bolsillos para que no faltase algún material necesario.

Por otra parte, el esfuerzo económico y compromiso político de los ayuntamientos con la vuelta al cole ha sido digno de admiración, asumiendo tareas que en algunos casos no les corresponden. Se han encargado de limpiar los colegios, desinfectarlos, contratar personal extraordinario para mantener los centros en perfecto estado durante las horas lectivas, han entregado alfombras desinfectantes, mascarillas, gel hidroalcohólico o termómetros digitales, entre otras cuestiones. Incluso, los alcaldes y alcaldesas socialistas de toda Andalucía han ofrecido a la consejería locales públicos que permitieran la bajada de ratio por clase.

Para rematar el despropósito de la Junta de Andalucía, no hay más recordar las desafortunadas declaraciones de sus principales dirigentes. El vicepresidente Marín (con permiso de Elías Bendodo) manifestando que “los padres están en su derecho de no llevar al colegio a sus hijos”. En su derecho y obligación están los responsables de las comisiones de absentismo de elevar los casos a la Fiscalía. Marín, como ya nos tiene acostumbrados, habló sin saber de lo que hablaba. Y el presidente “Juanma” se descolgó con: “La bajada de ratio no es esencial y que lo importante son las mascarillas”. Ahí queda eso para tranquilidad de todos.

En Andalucía, la educación y la sanidad empeoran cada día. Y ese retroceso lleva la firma de PP y Ciudadanos, y de su socio Vox.