La democracia se amplía y se fortalece con leyes como la que en breve verá la luz, tras su trámite parlamentario, por la memoria democrática en España. La memoria democrática es reconocimiento, es reparación, es dignidad y, por supuesto, justicia para las víctimas, pero también lo es para las futuras generaciones que podrán aprender de lo sucedido y crecer como sociedad. El futuro está siempre por escribir, pero siempre es mejor escribirlo desde el conocimiento y reconocimiento, con valor, justicia y prudencia de nuestra historia común como sociedad, como país.

Este anteproyecto, que estoy segura saldrá adelante, tiene un profundo sentido para quienes defendemos los valores constitucionales. Aquellos que fueron plasmados gracias al acuerdo político entre muy diferentes ideologías. A pesar del camino avanzado para el progreso social y económico de este país, aún quedan preguntas sin respuesta muy dolorosas para una gran parte de la ciudadanía. A esas preguntas responderá la nueva ley de memoria democrática.

El anteproyecto contempla cuestiones esenciales como anular de pleno derecho los juicios sumarios ocurridos durante la contienda civil y tras la instalación del franquismo en el poder político, durante los largos años de dictadura militar. Se trata de una cuestión de reparación moral para quienes fueron acusados y ejecutados en la mayoría de los casos. No fueron sentencias justas ni antes ni ahora.

Se prohibirá toda exaltación de aquel período, tanto como la figura de Franco, y se prevé convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil. Al igual que prohibir todos los símbolos de aquel período de España, que atenten contra la dignidad de las víctimas y sus familiares. Para todo ello se impone, igualmente, un régimen sancionador para aquellas instituciones y/o personas que infrinjan la Ley. Cerco y no rotundo a las ideas totalitarias. Los que transitan por ese camino van contra el espíritu democrático, abierto y libre de nuestra sociedad.

Porque esta futura Ley no es un ajuste de cuentas. Es saber la verdad oculta en cientos de fosas anónimas. Es recuperar la memoria de una España borrada. Es devolverle parte de la justicia que le fue arrebatada. Es justicia, es libertad, es democracia. No será tarea fácil ni rápida. Solo la dignidad nos obliga a poner en orden ese pasado, que por terrible y pesaroso no podemos dejar más en el olvido. Por eso, esta nueva Ley, que refuerza y desarrolla la de 2007, se ha basado en sólidos argumentos. Tanto de los organismos internacionales de derechos humanos, desde las ONU a las ONG más prestigiosas, que alertan sobre la necesidad de equiparar los avances de la memoria democrática con el desarrollo social, cultural e histórico de las naciones.

Desde la ley de 2007 a la fecha, hemos comprendido que su desarrollo era impostergable. En la práctica, hemos contemplado que había aciertos, pero también obstáculos y ciertas imprecisiones en su aplicación. Sin dejar de señalar y recordar que estuvo durante ocho años en el suspenso del gobierno del Partido Popular. Hemos aprendido que podemos hacer más y de mejor manera, seguramente más deprisa.

Esta nueva Ley de Memoria Democrática va a servir también para dar visibilidad a las más invisibles. Sí a ellas, a aquellas mujeres valientes y luchadoras que fueron protagonistas en la lucha contra el fascismo. Ellas que también lucharon y murieron, pero que su lucha era doblemente castigada por defender la libertad y por ser mujer, cuando a las mujeres sólo se les permitía estar bajo la férula machista y patriarcal. Ellas merecen su recuerdo para nuestra historia. La mayoría de ellas estuvieron a la sombra de sus maridos, padres, hermanos o novios, tanto en sus vidas como en su castigo y sufrimiento. Es tiempo de vindicar su papel robado. Esta ley de memoria democrática es una ley feminista, pues la reparación será doble: por su lucha y por su género.

Como ha señalado, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, las mujeres socialistas nos sentimos entusiasmadas porque vemos cómo recuperamos la senda para afianzar los derechos y libertades democráticas, olvidadas durante las dos legislaturas del gobierno de Mariano Rajoy. Es hora de ampliar y desarrollar nuestro sistema democrático. Esta nueva Ley de Memoria Democrática lo va a conseguir.

El camino se lo debemos a la anterior ley del gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que con valentía dio los primeros pasos, que se vieron interrumpidos durante los dos ejercicios del Partido Popular de Mariano Rajoy, quien despreció esa ley abiertamente, la torpedeó sin darle un solo euro para tareas de excavación de las fosas comunes. Sobre la tierra que cubre las fosas, el PP esparció el recorte presupuestario.

A partir de ahora esos ocho años los dibujaremos en nuestra historia como un paréntesis, y de la mano de este gobierno de coalición con el compromiso de su presidente, Pedro Sánchez, destinará unos 9 millones de euros para que pueda ser una realidad. Esto dará un empuje serio y definitivo a la recuperación de esta memoria borrada y mancillada durante décadas.

Las leyes de la memoria no reabren heridas, las cierran. Sin memoria no es posible concordia, como sin ella tampoco puede haber paz, piedad y perdón.