Estos días la plantilla de OPPLUS salía a la calle a defender sus derechos laborales. Para muchas personas este nombre no les será familiar, pese a ser una de las empresas que más factura  y con más empleados de nuestra ciudad. La compañía sólo tiene un cliente, que es también su dueño, BBVA.

Más de 2.000 personas trabajan para OPPLUS, una subcontrata del gran banco español en sus instalaciones del Parque Tecnológico de Andalucía. Muchos son licenciados, arquitectos o diplomados que realizan las funciones clásicas de un empleado de banca, bajo unas condiciones laborales que se resumen de la siguiente manera: sueldos de 687 euros de salario base bruto más 340 euros de "complemento voluntario personal" y 9 euros diarios de dieta para comer, que perderían si comiesen en casa, lo que se traduce en salarios que apenas llegan a los 1.000 euros, y todo ello tras 10 años sin subidas del IPC.

Por tanto la precariedad laboral sobre estas plantillas es incontestable. La reforma laboral del Partido Popular ha permitido este tipo de actuaciones, facilitando además la temporalidad, y el descenso de salarios, llegando a la situación actual en la que nos encontramos, teniendo España la deshonrosa posición de estar a la cabeza de los países con mayor tasa de trabajadores que, pese a tener empleo, están en situación de pobreza relativa.

Al mismo tiempo se ha dado la paradoja de que los bancos han ganado 52.000 millones de euros destruyendo 89.500 empleos en los últimos nueve años. Y por si estos datos no fuesen lo suficientemente explícitos, no olvidamos que el sector fue rescatado por todos, por un importe de más de 62.000 millones de euros desde 2009.

En resumen socializamos las pérdidas y privatizamos los beneficios.