La despoblación es a buen seguro el problema más grave al que se enfrenta la Diputación de Málaga en la actualidad. Según un informe elaborado por el grupo socialista en la institución, hay pequeños municipios de la provincia que han perdido hasta un 30% de sus habitantes en los últimos veinte años. La población de la provincia en su conjunto ha aumentado más de un 30% en las últimas dos décadas, pero al mismo tiempo 43 municipios malagueños han perdido población y los municipios menores de 1.000 habitantes de las comarcas de Antequera y Ronda han perdido habitantes. 

La población de la provincia ha aumentado en la última década un 7,45% pero los municipios menores de 20.000 habitantes solo han crecido un 1,85%. En los últimos cinco años la pérdida de población se ha acelerado: 87 municipios de la provincia han perdido habitantes, todas las comarcas han perdido población excepto el Guadalhorce, los municipios menores de 1.000 habitantes han perdido 12,41% de su población y los municipios menores de 20.000 habitantes han perdido en su conjunto un 5,57%.

En las dos últimas décadas, la brecha poblacional entre el interior y el litoral se ha agrandado. En concreto, esa brecha interior litoral queda patente cuando comparamos la evolución de la comarca de la Costa del Sol y la comarca de Ronda, por ejemplo, la que más crece y la que sí ha perdido población. En los últimos veinte años la Costa del Sol ha crecido un 239,8%, mientras que la comarca de Ronda ha retrocedido un 1,33%. Igualmente, la brecha entre los pueblos de menos de 5.000 habitantes de la Costa del Sol y los del interior se agranda cuando, por ejemplo, comparamos municipios que han crecido: si en la Costa, estos municipios menores de 5.000 habitantes crecieron un 48,89%, en la comarca de Antequera el aumento fue del 7,84%, cuatro veces menos.

Asimismo, los municipios menos poblados han perdido porcentualmente más población y tienen menor peso en el conjunto de la provincia. El ámbito rural empequeñece poblacionalmente frente a un espacio urbano en crecimiento, agravado por la crisis económica. Estos datos evidencian que la provincia de Málaga tiene un problema de despoblación al que hay que hacer frente. 
La despoblación es un reto que urge atender. Sin embargo, el actual equipo de gobierno del PP en la Diputación de Málaga se ha desentendido de este problema que afecta directamente a los municipios menores de 20.000 habitantes, verdadera razón de ser del ente supramunicipal. 

La despoblación es un problema que afecta a toda la provincia, no sólo a los municipios que la sufren, ya que lastra la vida de medio millón de habitantes, de un tercio de la población de la provincia. Las personas tienen el derecho a vivir en el ámbito rural y la Diputación de Málaga tiene la obligación de garantizar la igualdad de oportunidades en la provincia y la cohesión social entre los territorios, sobre todo, entre el litoral y el interior. 

Los municipios no tienen instrumentos para luchar contra esta despoblación. Corresponde a instituciones como la Diputación establecer políticas y estrategias de la mano de otras administraciones. Todo apunta a que factores como las comunicaciones, la cobertura de servicios básicos o las políticas sociales son la clave para evitar las pérdidas de población.

Los alcaldes y alcaldesas, los ayuntamientos, tienen algo fundamental que debe atender la Diputación, que es el conocimiento social de sus pueblos. Y comparten con sus vecinos y vecinas la capacidad de resistencia para frenar este proceso. 

El PSOE en Diputación ha fijado como prioridad absoluta la lucha contra la despoblación en los pueblos malagueños y ha propuesto al equipo de gobierno del PP en la Diputación que despliegue una estrategia provincial contra la despoblación en los municipios menores de 20.000 habitantes.

Una estrategia que incluya medidas en cuatros líneas claras: destinadas a crear un eje vertebrador a favor de la natalidad, destinadas a mejorar infraestructuras, comunicaciones y nuevas tecnologías, destinadas a garantizar los servicios públicos y de impulso económico.

En el primero de los casos, planteamos medidas de fomento de la natalidad en los municipios menores de 20.000 habitantes, principalmente afectados por un retroceso poblacional en las última dos décadas, con medidas específicas para la conciliación de la vida familiar, laboral y social; políticas activas de empleo entre mujeres para garantizar el desarrollo demográfico en el medio rural y políticas específicas contra la desigualdad de género en las zonas rurales; refuerzo del plan concertado de servicios sociales y atención a la dependencia en las zonas afectadas por la despoblación; desplegar un programa de atención especial a las personas mayores, en contra de las situaciones de soledad, dependencia y marginación personal, que permita la total integración de este grupo social, todo ello dentro de una estrategia provincial por el envejecimiento activo y contra la exclusión social de las personas mayores; poner en marcha un programa de vacaciones familiares (jóvenes, personas mayores, infancia) para fomento del ocio y favorecer la lucha contra la estacionalidad turística; impulsar la declaración de la provincia de Málaga como lugar europeo de retiro, con especial atención a las poblaciones con menos habitantes, en paralelo a una política de fomento de la economía social en torno a los cuidados y la atención de personas mayores y revitalizar la vida cultural de las áreas en proceso de despoblación mediante una política de actividades continuadas.

Para mejorar infraestructuras y nuevas tecnologías, proponemos un plan especial y urgente de carreteras en las comarcas afectadas por despoblación e inversión en autopistas de la información para favorecer la iniciativa empresarial privada y cerrar la brecha tecnológica con los territorios litorales.

Para garantizar los servicios públicos, apostamos por gestionar acuerdos con empresas suministradoras de servicios básicos (combustible, telefonía, etc.) para garantizar el acceso a ellos y fomentar la actividad económica y la atención de la población residente en las zonas de especial atención poblacional, así como diseñar un programa de modernización de las áreas rurales en materia de ‘smart city’, uso del vehículo eléctrico particular e industrial, etc.

Por último, como medidas de impulso económico planteamos inversión provincial en las zonas rurales atendiendo a criterios de despoblación mediante proyectos de interés preferente con altas generación de empleo; estudiar la incorporación de un criterio de despoblación en el reparto de los fondos del Plan de Asistencia y Cooperación; apoyar el emprendimiento en el sector agrícola y ganadero mediante un programa específico de escuela de emprendedores rodante por los municipios con pérdida de población y acuerdos de colaboración con instituciones financieras y empresariales  para garantizar los servicios financieros en los municipios menores de 20.000 habitantes.

En definitiva, se trata de conseguir el reequilibrio en las oportunidades entre el interior y el litoral, entre los pequeños y medianos municipios con las grandes ciudades, y  evitar malagueños de primera y malagueños de segunda en función de su lugar de residencia.