Seis años desde que el PP pusiera en funcionamiento una verdadera máquina de triturar derechos: la reforma laboral. A solas, sin interlocución con los agentes sociales y sin tramitarla como proyecto de ley. A golpe de Decreto el PP empezó a facilitar y abaratar el despido y a reducir salarios para, según decían, aumentar la competitividad y generar más trabajo. 

La realidad a día de hoy nos dice que lo que verdaderamente se ha producido ha sido un trasvase de rentas. Es decir, los asalariados cobran menos, mientras los beneficios empresariales han aumentado de forma considerable. La remuneración de los asalariados ha disminuido un 0,6% en datos brutos, al que habría que añadir la evolución del coste de la vida, frente al aumento del 14% de media de la UE, mientras que el excedente empresarial ha aumentado un 9,3%.

Estamos en condiciones de afirmar que el PP ha usado la crisis económica para implantar la ideología más de derechas que nuestro país ha conocido en muchos años. Una ideología que ha apostado por incrementar la productividad abaratando los salarios, en lugar de innovando y modernizando nuestros procesos productivos. Y para llevar a cabo su apuesta, el Gobierno ha debilitado la capacidad negociadora de los trabajadores, priorizando el convenio de empresa sobre el convenio de sector, y posibilitando que el empresario modifique el salario de forma unilateral y arbitraria. De ese modo se ha expulsado de su empleo a miles de trabajadores, que tenían salarios consolidados, con la menor indemnización posible, y favorecido que se pueda contratar a jóvenes con un periodo de prueba de hasta un año para después ser despedidos sin derecho a indemnización, también se han recortado las prestaciones contributivas y de subsidios, y se ha iniciado un peligroso camino hacia la privatización de los servicios públicos. Todo este panorama no quedaría completo sin mencionar la insensibilidad del Gobierno ante la brecha salarial de género.

Como gota que colma el vaso, el Gobierno ha permitido un aumento exponencial del déficit de la Seguridad Social y la práctica desaparición del Fondo de Reserva que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero dejó con 70.000 millones de euros para momentos difíciles. No podemos permitir que no haya garantía de sostenibilidad para las pensiones y que éstas se pretendan privatizar, como ya ha adelantado el propio presidente del Gobierno. 

Los 260.000 pensionistas de la provincia de Málaga cobran una pensión media de 847 euros, por debajo de los 925 euros de media en España. Queda mucho trabajo por hacer desde las administraciones, las organizaciones políticas y sindicales para conseguir pensiones justas para aquellos que han trabajado y cotizado durante toda su vida.
Este año el Gobierno de Rajoy volverá a subir las pensiones en torno al 0,25%, por debajo del IPC, ya que los precios subirán en torno al 2%, lo que provocará un año más el empobrecimiento de los pensionistas y aumentarán sus dificultades para llegar a fin de mes. Desde el PSOE no estamos de acuerdo con la reforma de las pensiones del PP de 2013, no estamos de acuerdo con que no se consensuara dentro del Pacto de Toledo y vamos a seguir reivindicando un acuerdo entre los agentes políticos, sociales y económicos para que las pensiones se actualicen según lo que sube el IPC.

En nuestra provincia 157.000 parados siguen esperando respuestas de un gobierno insensible a la realidad de estos hogares. Casi la mitad de los trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia cobra menos del salario mínimo interprofesional, y es algo que ni debemos ni podemos permitir. 

Frente a este panorama, que se traduce en que la recuperación económica no está llegando a la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras, los y las socialistas seguimos pensando que es absolutamente indispensable derogar la reforma laboral. De otra manera no tendremos una recuperación económica justa que llegue a la gente ni una reducción de los indicadores de desigualdad, actualmente en niveles muy preocupantes. De igual forma, creemos imprescindible aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que cuente con el consenso de los agentes sociales y que sirva para evitar la vulneración de los derechos de los trabajadores. En ese empeño la sociedad malagueña, andaluza y española, nos encontrará a las mujeres y los hombres del PSOE.