De la gestión pública del CAC

Hasta ahora, el modelo del Partido Popular sobre el Centro de Arte Contemporáneo (CAC Málaga) ha sido la gestión privada, bajo un mandato que presenta muchas sombras con una absoluta falta de transparencia. Esta información se desprende del Informe de la ‘Fundación Compromiso y Transparencia’ que cataloga CAC Málaga como el menos transparente en 2015 y 2016. Todo ello merced a ingentes cantidades de dinero público: 3 millones para ser más exactos.

Debido a esto pedimos que la gestión del CAC Málaga pase a ser pública, englobándose dentro de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso, que se encarga de la planificación y contratación de la oferta cultural de otros equipamientos museísticos y culturales como el Museo Ruso y el Centro Pompidou, entre otros.

Esta propuesta fue refrendada por la mayoría del pleno. De la Torre, disgustado por no haberse hecho lo que deseaba, anunció que no haría caso a la decisión plenaria. Muy democrático todo.

No es que se pidiera nada poco razonable. Nada más lejos de la realidad, lo que se pedía era la selección del gerente y director artístico de este espacio por concurso público y que estén comprometidos con el código deontológico cultural de museos. Los gestores deben tener un compromiso ético y transparencia para que los malagueños sepan en qué se gasta el dinero de sus impuestos. Que respondan ante los malagueños y malagueñas.

El debate está en la calle. Estos días se ha creado una plataforma cívica que reclama la gestión pública del CAC. Son más de cien profesionales del sector artístico quienes exigen aquello que los grupos de la oposición ya hemos aprobado, que el CAC no se adjudique a una empresa. Exigen que se dé obligado cumplimiento al acuerdo plenario del pasado mes de Junio. Pero lamentablemente todo hace presagiar que esto no va a suceder, aunque sea la voluntad mayoritaria de todos y todas.

Así las cosas, en resumidas cuentas, tenemos la oportunidad de hacer una planificación conjunta, con un amplio consenso institucional, ciudadano y del ámbito cultural, ¿por qué el alcalde no quiere?