Un país a media luz

A las clásicas divisiones de uso común como los del norte o los del sur; los del campo o los de ciudad; etc. tenemos, por desgracia, que añadir una nueva: los que pueden pagar la luz y los que no.

Esto sucede mientras el Gobierno admite brutales subidas del precio de la electricidad. El ministro de Energía justificó el incremento del precio por la meteorología. Recordaba a la ministra Báñez cuando señaló que la esquelética subida de pensiones no era su culpa sino de la fórmula matemática utilizada para el cálculo.

Cuando un gobierno tiene que recurrir a los fenómenos meteorológicos o a la cabalística para poder justificar sus actuaciones -o la falta de ellas- mal le irá al país. El problema es que la electricidad ha experimentado, con el PP en el Gobierno, la mayor subida hasta alcanzar máximos históricos: más de 100 euros por megavatio en hora punta, que obligan a pagar al consumidor. Uno de los precios más altos de la UE.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se ha negado a investigar si hubo pactos o componendas entre las eléctricas. Eso fue lo único que pidió el Gobierno, que ahora se ha quedado solo ante su responsabilidad tras condenar al frío y la oscuridad a miles de familias que no pueden pagar la factura eléctrica.

Algo mal -o mucho- está haciendo el Gobierno cuando sube las pensiones un 0,25% en un año mientras, en sólo un mes, la luz ha subido casi un 80%. Mientras escribía esto, un 5% en un solo día. ¿Cómo piensan que pueden calentarse, hacer la comida o simplemente encender la luz miles de hogares que rozaban ya antes de las subidas el umbral de la pobreza? La reforma que impuso Rajoy no sólo no atacó el fondo del problema sino que ha permitido desbocar los precios dejando a la mitad de los hogares españoles a media luz.

Por eso el PSOE ha presentado en el Congreso una iniciativa para impulsar un Pacto de Estado de la Energía con todas las fuerzas políticas y representantes sociales para estabilizar la política energética y facilitar la transición hacia un modelo seguro y sostenible, eficiente dentro de un marco predecible y garante de precios estables. Debe hacerse una auditoría independiente sobre costes integrados en la tarifa que permita bajar el precio del recibo y saber realmente lo que pagamos en él.

También creemos urgente y necesaria la reforma de los organismos reguladores y supervisores como la CNMC que permita defender a los consumidores frente a los posibles abusos de las grandes empresas.

El Gobierno debe asumir su responsabilidad y poner en marcha inmediatamente la tregua social propuesta por el PSOE para impedir cortes de luz a familias que no pueden pagar el recibo. Cuando en un país la gran duda que atenaza a sus ciudadanos es resolver a diario el dilema de encender o no la luz, ante la incógnita de poder pagar su factura a fin de mes, las sombras impiden alumbrar su futuro.