Es la hora de la ley de la Dependencia

Nos hubiera gustado celebrar este décimo aniversario de la aprobación de la ley de Dependencia (su nombre oficial es Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia) diciendo que los objetivos que los socialistas nos marcamos con el impulso de la norma se han cumplido. No ha sido así porque en el último lustro, con el Gobierno del Partido Popular, la dependencia no escapó a la política antisocial que antepuso la austeridad a la inversión social como protección ante los efectos de la crisis y como activo económico. Un tercio de las personas dependientes no recibe ninguna prestación o servicio, mientras que las desigualdades entre territorios en la aplicación de la norma se debe no solo a aspectos ideológicos, sino a que el Estado ha dejado en los hombros de las autonomías el peso de su financiación: las comunidades afrontan un 77,4% del presupuesto, cuando no debería superar el 50%.

El Gobierno no solo trasladó a las comunidades el cumplimiento del déficit, siendo estas las grandes prestadoras de los servicios básicos como la educación y la sanidad, que exigen grandes recursos (solo en Andalucía, la más poblada, ambos sistemas públicos representan 83 de cada 100 euros del presupuesto), sino que además las abandonó en materia de dependencia. Las mujeres son las grandes perjudicadas por este frenazo, ya que el cuidado de las personas que han quedado al margen del sistema ha recaído sin opción en ellas, ahora sin cotizaciones sociales, dejándolas sin pensiones contributivas en el futuro. El recorte social en dependencia, que se sitúa en 2.865 millones de euros con Rajoy en La Moncloa, ha recortado oportunidades futuras.

Como ponente en el trámite parlamentario, expliqué siempre que la norma consagraba en nuestro Estado del bienestar un derecho que hasta la fecha era subjetivo y con él se forjaba un cuarto pilar de nuestro modelo social, pero sin olvidar que se trataba de una iniciativa de gran alcance estratégico para nuestro país. Respondía al doble reto del envejecimiento y al cuidado de las personas que, por diferentes razones, necesitaban la ayuda de otras personas, la más de las veces familiares. Así, lo que hasta entonces era asistencialismo o voluntarismo familiar se convertía en un derecho, y con él el Estado asumía una responsabilidad con la ciudadanía, atendía a un reto de futuro y, un aspecto que olvidamos con frecuencia, se potenciaba un sector económico, a la vez que reconocíamos la protección social de decenas de miles de cuidadoras.

Para los socialistas, esta ley resumía nuestro proyecto social y cimentaba una idea que la crisis y las medidas adoptadas por la derecha han combatido con denuedo: la inversión social como fuente de igualdad y riqueza. Existe una economía de la igualdad, que emana de la resolución de las desigualdades principales —entre hombres y mujeres, sobre todo— y que articula un modelo económico que solo es eficaz y eficiente si genera equidad, si cierra brechas sociales, con poderes públicos que atienden a las personas en sus momentos vitales más vulnerables, no sin antes haber evitado que lleguen esos episodios de debilidad. La crisis nos ha enseñado que la vulnerabilidad alcanza a la mayoría de los hogares.

La inversión social es una fuente de igualdad, empleos y riqueza

Es la hora de la Ley de la Dependencia. Tenemos la oportunidad política, con un Gobierno en minoría y una pluralidad de grupos en el Congreso capaces de alcanzar un gran acuerdo. Los socialistas defendimos esta ley que ha sido reiteradamente maltratada por el Partido Popular. A este los argumentos sociales le parecerán débiles o sencillamente se conformarán con un sistema asistencialista de cobertura, sin ver el alcance estratégico que tendría impulsar esta ley ante el gran reto del envejecimiento y su impacto en las cuentas públicas: el CSIC sostiene que para 2050 las personas mayores de 65 años superarán el 30% de la población española. La reedición de un gran pacto social por las pensiones exige otro similar con las comunidades autónomas (es fundamental en la negociación sobre financiación) para blindar el sistema público de autonomía personal, lo cual se consigue con más inversión que retorne mediante la creación de empleos. Un sistema público fuerte contribuye a la conciliación familiar (sobre todo a la incorporación de la mujer al trabajo y a desarrollar sus carreras profesionales), crea puestos de trabajo y retorno mediante impuestos.

Según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en su dictamen de febrero de 2016 sobre la ley, la ratio de empleos directos por millón de inversión pública es de 35 y la tasa de retorno es del 38,3%. Casi 400.000 personas están a la espera de entrar en el sistema —actualmente 1.180.435 personas son atendidas—, lo que representaría 90.000 nuevos empleos. No se vea a la dependencia como una carga social, es una oportunidad de economía por la igualdad. Y no se pretenda su reforma a la baja, porque los socialistas estaremos liderando lo contrario. Es la hora de la ley de Dependencia, por justicia social e igualdad, porque un Estado que protege es un Estado fuerte y unido.

Cumple diez años una de las leyes más avanzadas en materia social de Europa, que nos hizo un país más decente, otra vez de la mano de un Gobierno del PSOE. Hoy trabajaremos para un gran acuerdo político y social en su defensa, cuyos puntos de partida para el PSOE son la recuperación de la cotización para los cuidadores familiares, la modificación del actual sistema de financiación para garantizar el cumplimiento del compromiso inicial de financiación a partes iguales entre el Estado (50%) y las comunidades autónomas (50%), la reposición del nivel acordado y el 13% del nivel mínimo de financiación, así como devolver a las familias el 15% de pérdida de las prestaciones económicas por cuidado familiar de los ejercicios 2012 a 2016, entre otras cuestiones.

Miremos al futuro. Imaginemos los próximos diez años, con un sistema público de autonomía personal que cohesione a las familias, no recluya a la mujer en el cuidado de nuestros mayores y dependientes, con igualdad de protección con independencia de donde vivamos. Porque si algo une de verdad un país es la legítima aspiración a la igualdad.