Punto de partida

En nuestro patrimonio colectivo, tras décadas de conquistas, tanto la educación como la sanidad son pilares fundamentales de nuestro estado de bienestar. Con esos mismos ojos debemos mirar los servicios sociales, como derecho subjetivo de la persona, y conseguir dejar atrás cualquier pensamiento que lo asemeje con la bien superada beneficencia.

Hoy, con una sociedad que ha experimentado una dramática transformación, causada por la peor crisis que recordamos, sufriendo una gran parte de la población tanto riesgo de pobreza como riesgo de exclusión social, es fundamental poner en marcha medidas marcadas por una clara convicción de que los derechos sociales son unas de las patas de nuestro estado del bienestar.
Quizás en ocasiones pueda costar ver con claridad la línea que separa la ‘bien intencionada’ beneficencia de lo que son los servicios sociales, como derecho fundamental de la ciudadanía, pero hoy más que nunca y con tantas familias pasándolo mal, se hace indispensable para una sociedad que desee avanzar en igualdad, justicia social y solidaridad.

Por ello nos duele, a quienes miramos a lo social como la más valiosa de las políticas que podemos desarrollar desde lo municipal, que el Ayuntamiento de Málaga haya pasado de 56.340 atenciones y 2.088 familias en intervención familiar en 2008, a 65.564 atenciones y 3.372 familias en intervención familiar en 2015. Sin embargo, en 2008 contábamos con 75 trabajadores sociales y 38 educadores/as sociales, y en 2014 eran 71 trabajadores/as sociales y 32 educadores/as sociales (según datos del propio ayuntamiento). En los peores años de la crisis, las peores cifras de personal al servicio de la atención social, en condiciones de inestabilidad laboral y sufriendo una privatización de muchos servicios.

Sin duda en la ciudad de Málaga estamos muy lejos de la cifra recomendada por los colegios profesionales de 3.000 personas atendidas por cada unidad de trabajo social. Pero más lejos aún de proyectos y medidas que de verdad apuesten por la intervención comunitaria y por las políticas de integración. Tenemos mucho por hacer.

Es una cuestión de partida: los servicios sociales son un derecho de la ciudadanía y éstos deben responder a los principios de solidaridad, universalidad, igualdad, calidad y atención personalizada. Eso es mucho más por hacer.