El PSOE destaca la aprobación en el Senado por amplia mayoría de la eliminación de la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual

El senador malagueño José Aurelio Aguilar ha sido el ponente de esta “importantísima” ley

La Comisión para la Políticas Integrales de la Discapacidad del Senado ha aprobado por amplia mayoría, con la única abstención de Vox y ERC, el dictamen de la ley que eliminará la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual y establecerá un sistema basado en el apoyo y el respeto a su voluntad.

 

La norma, que ha tenido como ponente al senador malagueño José Aurelio Aguilar, incorpora las previsiones de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, "y supone una profunda renovación y modernización de nuestro ordenamiento jurídico al reconocer que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones, en todos los aspectos de la vida".

 

“Esta norma no supone un mero cambio terminológico sino que hablamos de un cambio en profundidad del derecho de las personas, de un cambio de paradigma. Ya no van a existir muertes civiles. Pasamos del modelo paternalista a la defensa de la plena igualdad donde la protección de la seguridad jurídica contará con los ajustes necesarios para garantizar la participación de las personas con discapacidad”, manifestó Aguilar durante su intervención en el Senado.

 

El nuevo sistema, ha añadido, "se basa en el respeto a su voluntad, deseos y preferencias, de tal manera que la regla general será que la persona con discapacidad sea la encargada de tomar sus propias decisiones en todos los órdenes, con los apoyos concretos y específicos que cada una de ellas precise".

 

Aguilar, del mismo modo, ha destacado el consenso político alcanzado en la aprobación de esta nueva norma, con la inclusión de iniciativas de la mayoría de los grupos parlamentarios, “resultado del trabajo legislativo colaborativo, en el que se han tenido también en cuenta las propuestas y aportaciones de las entidades representativas y del tercer sector”.

 

“Quisimos mejorar el texto que vino del Congreso, preservando o ampliando su consenso previo. Las novedades han sido importantes y de calado con modificaciones significativas”, concluyó.