El PSOE solicita un informe a los servicios jurídicos de la Diputación de Málaga para determinar a quién corresponde la limpieza extraordinaria por COVID en los colegios

Informes de los servicios jurídicos de otras diputaciones andaluzas han concluido que la desinfección de las escuelas es competencia de la Junta

El PSOE ha presentado una moción que se debatirá mañana en la comisión especial de cuentas y desarrollo económico productivo solicitando un informe a los servicios jurídicos de la Diputación de Málaga para determinar a quién corresponde la desinfección y la limpieza extraordinaria por COVID-19 en los colegios de la provincia. Informes de los servicios jurídicos de otras diputaciones andaluzas han concluido que la desinfección de las escuelas es competencia de la Junta de Andalucía y no de los ayuntamientos. Por ello, los socialistas han incluido un segundo acuerdo en la moción presentada para, en caso de que el informe de la Diputación de Málaga vaya en la misma línea que los del resto de diputaciones, instar al gobierno de la Junta a dotar a los ayuntamientos de un fondo específico destinado al sobrecoste que supone la limpieza y desinfección de los centros educativos derivados del COVID-19.

El portavoz socialista en la Diputación de Málaga, José Bernal, ha valorado el esfuerzo que están teniendo que hacer los ayuntamientos en el inicio de curso escolar. “Los ayuntamientos están asumiendo competencias que no les corresponden. Han mostrado su disposición a colaborar para que la vuelta a las aulas de nuestros niños y niñas sea lo más segura posible. Incluso están cediendo a la Junta instalaciones municipales para contribuir a reducir las ratios de alumnos por aula”, ha afirmado.

Bernal ha recordado que la competencia de limpieza de los centros educativos de infantil y primaria corresponde a los ayuntamientos, según se recoge en los artículos 25.2.n de la Ley de Bases de Régimen Local, artículo 9.20.c) LAULA y la Disposición Adiciona 15.2 de la LOE. Sin embargo, los ayuntamientos, a raíz de esta crisis sanitaria, se han visto en la obligación de tener que reforzar sus protocolos de desinfección y limpieza de los centros, así como el aumento de personal en muchos casos, y por tanto teniendo que asumir un sobrecoste adicional.

En este sentido, la diputada provincial Patricia Alba ha apuntado que diversos servicios jurídicos de diputaciones andaluzas como las de Cádiz, Huelva, Granada , Sevilla o Córdoba han emitido “informes concluyentes en el sentido de que la desinfección para contener la crisis sanitaria por COVID-19 no aparece en ninguna de las funciones que las leyes actuales les asignan a los ayuntamientos”.  Asimismo, ha recordado que en el artículo 9 del Real Decreto Ley de 21/2020 de 9 de junio se regula esta desinfección extra y atribuida claramente a las administraciones que ostentan la competencia materia educativa, es decir, las comunidades autónomas, exigiendo además que la citada lleve aparejada la dotación de todos los medios y procedimientos que sean necesarios para garantizar la correcta desinfección.

“La Junta de Andalucía no puede delegar en los ayuntamientos el sobreesfuerzo que tienen que hacer con motivo del COVID, ya que estos están teniendo que contratar más personas de limpieza e incrementar el gasto de productos de limpieza y desinfección, sobre todo teniendo en cuenta la capacidad económica de muchos de estos ayuntamientos”, ha asegurado.

Según los cálculos de las administraciones locales, el coste medio requerido para cada uno de ellos supondrá 3.500 euros mensuales por centro solo en personal, sin contar con el material. “Es en este punto donde se hace necesario recordar que el Gobierno Andaluz ha recibido más de 380 millones de euros del Gobierno para destinarlos a paliar los efectos del COVID en materia educativa”, ha señalado.  

“La ejecución por parte de las entidades locales de las tareas de limpieza y desinfección por COVID se considera una delegación de competencia que habría de ir acompañada necesariamente de la financiación suficiente y adecuada, tal y como establece el artículo 25 de la LAULA. Del mismo modo que el Estado ha transferido a las comunidades, estas deben hacer lo propio con los ayuntamientos”, ha concluido.