Pérez pide abrir una investigación sobre el pago a la empresa vinculada a la concejala de cultura del PP en Málaga
El grupo socialista solicita a Promálaga todos los pagos y patrocinios realizados durante 2024 después de que esta empresa pública destinara casi 100.000 euros al evento Observatorio de la Cultura, gestionado por Fundación Contemporánea, ente que dirigió la edil popular Mariana Pineda hasta meses antes de aceptar su cargo
El Grupo Municipal Socialista ha pedido a la empresa pública Promálaga la relación de pagos y patrocinios realizados durante el año 2024 después de que haya saltado a la palestra un “posible conflicto de intereses” con la financiación de un evento cultural en la ciudad, el Observatorio de la Cultura, gestionado por una empresa dirigida por una concejala del PP hasta meses antes de aceptar su cargo como edil en el Ayuntamiento de Málaga.
El portavoz socialista, Daniel Pérez, ha pedido al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, “que se abra una investigación para aclarar el pago de casi 100.000 euros con dinero de los malagueños” a Fundación Contemporánea, un conglomerado de empresas culturales que dirigió la concejala del PP Mariana Pineda, actual responsable de Cultura en el consistorio de la capital, hecho que podría ser considerado como “conflicto de intereses”.
Pérez ha expresado que “desde nuestra formación política queremos manifestar nuestra preocupación ante una adjudicación que consideramos, cuanto menos, sospechosa y oscura. Hemos detectado que la actual concejala de Cultura, quien dejó hace un año su cargo en una fundación para incorporarse a la candidatura del Partido Popular, ha podido favorecer con una adjudicación a la entidad en la que trabajó durante diez años” y en la que se encuentra actualmente en situación de excedencia.
Ante esta situación, “hemos solicitado el expediente completo para conocer en detalle cómo se ha llevado a cabo este patrocinio. Es fundamental esclarecer si la adjudicación se ha realizado de manera directa, si ha existido un concurso público o si ha habido otras empresas que se hayan presentado al proceso”, puesto que hasta el momento el ayuntamiento no ha informado ni al grupo socialista ni a los medios de comunicación sobre el mecanismo para destinar ese patrocinio de 82.000 euros más IVA. Asimismo, “queremos determinar si esta adjudicación ha sido realizada a dedo a través de una empresa como ProMálaga, entidad que de forma recurrente ha sido cuestionada por su falta de transparencia en la gestión de patrocinios”, ha aseverado el edil socialista.
Por eso, el líder socialista ha instado al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, “a proporcionar la máxima transparencia sobre este asunto. No aceptamos evasivas ni respuestas ambiguas. Hasta el momento, su actitud ha sido la de esquivar el tema, pero cada día que pasa, surgen nuevos indicios de una posible red de empresas presuntamente relacionadas con estas adjudicaciones”, ha recriminado el socialista al regidor del PP.
“Por ello, exigimos que se ponga en marcha una investigación inmediata. Esta misma mañana, los grupos de la oposición hemos registrado formalmente la petición para conocer en detalle todas las adjudicaciones, licitaciones y patrocinios que haya podido recibir la fundación en la que trabajó la anterior concejala de Cultura. Nos resulta, como mínimo, dudoso y sospechoso que se haya concedido de forma directa una adjudicación de 100.000 euros a una empresa vinculada con su anterior puesto de trabajo”, ha insistido Daniel Pérez. “Seguiremos exigiendo claridad y rendición de cuentas, ya que la ciudadanía merece conocer cómo se gestionan los fondos públicos y si se están otorgando contratos de forma irregular”.
Estas declaraciones de Pérez, a preguntas de periodistas, se producen justo un día después de un medio de comunicación provincial avanzara la información sobre este patrocinio cuya legitimidad se pone en duda. Los socialistas han señalado “un posible conflicto de intereses” de la concejala de Cultura por la financiación del evento Observatorio de la Cultura que tuvo lugar a finales de enero de este año, alegando que “esta situación podría incumplir la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público”, que prohíbe a cualquier cargo público intervenir en asuntos donde tenga un interés personal o haya trabajado con entidades privadas afectadas.
Además, se da el caso de que la Ley 53/1984 de Incompatibilidades establece que “no se pueden tomar decisiones que beneficien a empresas con las que se haya mantenido relación en los dos años anteriores”, como es el caso de Pineda, que dejó la dirección del ente meses antes de ostentar su cargo público.
