El PSOE lamenta que solo el Gobierno central ponga medios para hacer VPO en Málaga
En los últimos diez años el Ayuntamiento apenas ha construido 412 viviendas de protección oficial, “una cifra simbólica e insuficiente para hacer frente a la demanda de más de 26.000 familias, habiendo suelo disponible para elevar la construcción hasta 18.000”, según la responsable de Vivienda en el PSOE, Carmen Martín
El Grupo Municipal Socialista denuncia la inacción del Partido Popular para construir Vivienda de Protección Oficial (VPO) y hacer frente al drama habitacional que atraviesa Málaga, una de las ciudades españolas donde más han subido los precios de alquiler y compra en los últimos años. “La única VPO que se está construyendo en Málaga es la que se está haciendo a cargo de los fondos del Plan Estatal de Vivienda”, ha manifestado la edil responsable en el PSOE del área de Vivienda, Carmen Martín.
“Es urgente que el Ayuntamiento actúe ya para que no se vaya más gente y para que aquellos que se han ido puedan volver a su ciudad”, ha expresado Carmen Martín, que ha acudido esta semana junto al concejal Rubén Viruel y al subdelegado del Gobierno accidental Málaga, Juan Pedro Carnero, a la colocación de la primera piedra de la promoción de 84 viviendas públicas en régimen de alquiler en la parcela R1 Universidad, que ha contado con una inversión estatal superior a los dos millones de euros, mientras que la Junta de Andalucía ha aportado 770.000 euros. El Ayuntamiento ha cedido el suelo. “Los demandantes de VPO en nuestra ciudad superan los 26.000, mientras que el plan del alcalde, según explicó en plena campaña electoral, era construir 1.400 VPO desde lo municipal, una cifra irrisoria”.
La calificación prevista para las viviendas en este sector R1 Universidad es de alquiler de régimen especial, destinadas a sectores de la población con ingresos familiares inferiores a 2,5 veces el IPREM (21.000 euros/año), mientras que la renta máxima de alquiler del metro cuadrado útil se sitúa en 4,36 €/m2 útil vivienda y mes y 2,62 €/m2 útil anejos y mes. “Cuando un gobierno de progreso como el de Pedro Sánchez apuesta por la construcción de VPO con alquiler social, lo hace sin perder de vista a las familias en situación vulnerable que necesitan un hogar para vivir. No queremos que se vaya de Málaga nadie que no quiera hacerlo”.
En los últimos diez años, el Ayuntamiento apenas ha construido 412 viviendas de protección oficial, “una cifra simbólica e insuficiente para hacer frente a la demanda de más de 26.000 familias, habiendo suelo disponible para elevar la construcción hasta 18.000”. La concejala socialista ha explicado que, desde el inicio de 2019 hasta ahora, “la mayoría de viviendas promovidas por el equipo de gobierno están enfocadas hacia compradores de alto poder adquisitivo, ninguna de ellas es VPO, lo que ha llevado a la exclusión de una buena parte de las familias malagueñas”.
En cambio, gracias al 85% de los fondos que pone el Gobierno de España, en la actualidad hay proyectada en Málaga la construcción de 1.000 viviendas de protección oficial, para las que “la Junta de Andalucía no ha puesto un solo euro”. Ante la alta cifra de demandantes, la ciudad precisa de al menos 500 VPO al año, por lo que “pedimos tanto al Ayuntamiento como a la Junta que actúen de manera inmediata y destinen la misma inversión que el Gobierno central pone en el Plan Estatal de Vivienda, una respuesta contundente para poner solución a un drama que está afectando a muchas familias y jóvenes que buscan un hogar donde vivir”.
A día de hoy, no hay pisos en alquiler con un mínimo de 90 metros cuadrados y tres habitaciones por menos de 850 euros al mes, lo que está convirtiendo a Málaga en “una ciudad inaccesible para los ciudadanos de clase media y trabajadora, que tienen que destinar más del 30% del salario al pago de una vivienda”, ha denunciado Carmen Martín, que durante el último pleno de la legislatura, en el mes de julio, defendió una moción para exigir al equipo de gobierno local un calendario de construcción de VPO, además de pedir a la Junta de Andalucía “medidas contundentes para frenar la proliferación de viviendas turísticas”, en gran parte responsables del incremento del precio del alquiler en los barrios. Esta moción no salió adelante por los votos en contra de la bancada de la derecha.
