Democracia y financiación de los partidos políticos

El pasado viernes 28 de febrero, Día de Andalucía, el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados publicaba por fin el Proyecto de Ley Orgánica de Control de la Actividad Económico-Financiera de los Partidos Políticos. Se trata de la segunda novedad importante que se produce en este campo en esta legislatura, tras aprobarse y publicarse, en octubre de 2012, la Ley Orgánica 5/2012, de reforma de la Ley Orgánica 8/2007 sobre financiación de los partidos políticos.

La primera cuestión relevante que debemos tener en cuenta a la hora de analizar estas modificaciones legislativas, y sus implicaciones, es la necesidad de partir de la base de que, en una democracia de partidos, la regulación de las fuentes de financiación se convierte en un requisito imprescindible no sólo para garantizar limpieza en las reglas del juego, también para consolidar un modelo de democracia. Desgraciadamente, en un contexto de desafección hacia la política, en el que todas las encuestas, oficiales y privadas, señalan la consolidación de una tendencia de fuerte desconfianza hacia los partidos políticos y hacia los políticos, se puede tener la tentación de legislar a golpe de titular periodístico, o de conveniencia coyuntural, y no para resolver los inevitables flecos del sistema.

Así, hay un punto de partida que debería ser aceptado por el conjunto de la sociedad, que es el de la financiación pública, en mayor o menor grado, de los partidos políticos. Un vistazo internacional a través de un informe elaborado por el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) pone de manifiesto los requisitos mínimos que debe cumplir una regulación efectiva al respecto.

En España, una de las lecturas más recomendables y completas para entender y opinar sobre la financiación de los partidos políticos es el artículo recientemente publicado por Óscar Sánchez Muñoz en la Revista Española de Derecho Constitucional y que se titula precisamente “La financiación de los partidos políticos en España: ideas para un debate”. Para su autor, “dentro de la Constitución pueden caber diversos modelos de democracia, más o menos elitistas, más o menos participativos, más o menos plutocráticos, más o menos igualitarios, y el papel que juegan los partidos en uno y otro modelo está en buena medida condicionado por sus fuentes de financiación”. Hablando de plutocracia, ahí está el admirado modelo estadounidense, cuya última campaña electoral costó la friolera cantidad de 2.000 millones de dólares, y en el que son los grandes donantes (plutocracia) los que más influyen gracias a sus multimillonarias aportaciones económicas.

Así que a la hora de hablar y pensar sobre la financiación de los partidos no es bueno dejarse llevar por enfados coyunturales más o menos lógicos. La regulación básica de la financiación de los partidos debe tener, al menos, los siguientes objetivos, y según nuestra valoración de cada uno de ellos podremos disponer de argumentos para defender un modelo u otro: suficiencia y estabilidad de los partidos; promoción de la igualdad de oportunidades entre los partidos; refuerzo de la conexión entre partidos y sociedad; y finalmente la transparencia, un objetivo tardíamente incorporado a nuestro ordenamiento y a nuestras prácticas institucionales cotidianas.

Los escándalos de corrupción y la evidencia de una cierta “voracidad” en el comportamiento de los partidos políticos mayoritarios no debe hacer perder de vista que debemos perseguir una regulación que sea lo mejor posible y que facilite tanto la actividad y la existencia de distintos partidos, como la concurrencia de los mismos a unas elecciones en igualdad de oportunidades. En su interesante artículo, Óscar Sánchez pone de manifiesto algunas de las debilidades del actual sistema de financiación, un sistema que nace en la Transición (otra vez) y que si bien ayudó a consolidar a los partidos que actualmente conforman el mapa parlamentario, también es cierto que se trata de un sistema de financiación muy conservador y que favorece el mantenimiento de un statu quo que en este momento está siendo muy cuestionado por la sociedad española.

Así, sabemos que en torno al 75% de los ingresos de los dos grandes partidos procede de financiación pública. Y también que el actual sistema, que favorece la presencia parlamentaria y el número de votos obtenidos, no abre la puerta precisamente a nuevas opciones que sí que pueden contar con simpatías populares para agitar las dormidas aguas de la política nacional. Otra asignatura pendiente del sistema español es la dependencia de las entidades financieras (los partidos españoles debían casi 250 millones de euros a los bancos), lo que da pie a Óscar Sánchez a traer a colación, con acierto y oportunidad, la tesis de Katz y Mair de “cartelización del sistema de partidos”: “el Estado, invadido por los partidos, se convierte en la fuente principal de recursos, y las reglas estatales, dictadas por los partidos, se convierten en instrumento para la resistencia frente a los retos que plantean nuevas formas de movilización social”.

En este sentido, ni la reforma introducida en 2012 en la Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos ni el proyecto de ley en curso parecen afrontar los agujeros actuales del sistema español, ni buscar otras reglas del juego más cercanas a las demandas ciudadanas. La reforma de 2012 bajó la contribución pública a los partidos, en un momento de fuerte contestación social, y limitó las condonaciones bancarias de deuda, algo necesario, pero al mismo tiempo abrió la puerta a la financiación ilimitada de las asociaciones y fundaciones vinculadas a los partidos, algo que de nuevo favorece el descontrol y el statu quo. Igualmente, el recién publicado proyecto de ley introduce la novedad de la publicación en la web de los partidos de sus donantes y acreedores, y llamativamente la comparecencia en el Congreso de los tesoreros de los partidos, una decisión extraña que parece responder más a una estrategia singular de responsabilizar a los tesoreros de los partidos de lo que haya ocurrido con sus cuentas que a una voluntad real de acabar con la corrupción o de incorporar a nuestro ordenamiento las reiteradas recomendaciones del GRECO.

En definitiva, la discusión pública sobre el modelo de financiación de los partidos políticos ni es un asunto baladí ni merece opiniones en caliente, a partir de la ola de escándalos que se han vivido en España en estos últimos años de fiesta colectiva. Asfixiar a los partidos supondría empobrecer la democracia, y es el propio modelo de democracia que queremos lo que está en juego. Pero si los reguladores no son sensibles a esas encuestas que señalan que cada vez más ciudadanos opinan que es posible una democracia sin partidos, entonces no quedará más remedio que dar la razón a Katz y Mair. Y para ese momento, quizás ya sea demasiado tarde. Una vez más, quienes deberían estar más interesados en defender el sistema son quienes parecen más decididos a jugar con fuego. Tiempo al tiempo.