A vueltas con la democracia

Es obvio que existe en estos momentos una galopante desafección hacia el sistema democrático que nos gobierna. Este nuevo episodio de “crisis de la democracia” ha dado lugar a todo tipo de publicaciones más o menos explicativas, la mayoría de las cuales ha decidido adjetivar nuestra superior forma de gobierno. Así, podemos leer que la democracia está “secuestrada”, “manipulada” o “monitorizada”, y también podemos descubrir quiénes son los “enemigos íntimos de la democracia” (Todorov) o releer “la democracia y sus críticos” del clásico y recientemente fallecido Robert Dahl.

En esta línea, el politólogo Ignacio Sánchez Cuenca acaba de publicar “La impotencia democrática”. Su tesis es que hay una relación directa entre la crisis económica y la democracia, idea que sustenta en diversas encuestas europeas que ponen de manifiesto que ha sido en Portugal, Grecia, Italia y España donde más ha caído la confianza en la democracia de partidos. También en Polonia. No es una hipótesis nueva. Ya antes, muchos autores pusieron de manifiesto la correlación entre democracia y los avances económicos, hasta el punto de que diversos académicos se vieron obligados a escribir sobre lo que se puede y lo que no se puede esperar de la democracia. Una forma de gobierno no es en ningún caso una varita mágica capaz de resolver problemas estructurales que afectan a un país determinado.

Una de las cosas más llamativas del libro de Sánchez Cuenca es una encuesta del CIS del año 2009 en la que se preguntaba a los españoles qué características eran esenciales en una democracia. La primera respuesta fue “un sistema judicial que trate a todos por igual”, con un 30% de respuestas. A continuación, la sociedad española respondía que era “una economía que asegure un ingreso digno a todos los ciudadanos y ciudadanas”. Por lo tanto, parece que la sociedad española, todavía en la inercia de los años del boom económico, apostaba por la justicia y la redistribución como exigencias básicas al sistema de gobierno democrático.

Con estas premisas encima de la mesa, esta semana leemos que Alfredo Sáenz, banquero indultado por un Consejo de Ministros presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, acaba de cobrar en un único talón su indemnización por jubilación, de 88 millones de euros. Y también hemos visto la declaración de la Infanta Cristina, y las críticas de Joaquín Almunia al Gobierno de España, el mismo Almunia, Comisario Europeo, que necesitaba de una beca de Cajamadrid para que su hijo estudiase en Harvard, por no hablar del nombramiento de cinco ex altos dirigentes del PP para el Consejo de Administración de Enagás.

La desafección tiene muy fácil cura: más ejemplaridad de nuestros dirigentes y más coherencia de los partidos políticos que dicen garantizar la estabilidad y la gobernabilidad del sistema. Una exigencia que es aún más perentoria y urgente en el caso de los partidos de izquierda, que tienen que ponerse de una vez por todas de parte de los ciudadanos. Es sólo una cuestión de voluntad política. Tan sencillo como eso. O tan difícil.