Disuasión académica

Este diciembre será recordado amargamente por el mundo educativo español. El pasado 10, el Boletín Oficial del Estado, convertido con el Gobierno del Partido Popular en un acta de defunción de nuestro Estado social y de bienestar, publicó la llamada Ley Orgánica de la Mejora Calidad de la Enseñanza. La derecha ideológica, cuando legisla en educación, intenta por todos los medios situar el debate en la calidad de nuestra educación, algo con lo que a priori nadie puede estar en desacuerdo.

En esto de manejar las encuestas y las corrientes de opinión Juan Ignacio Wert, el peor ministro de la democracia española, era un maestro hasta que se topó con la realidad, aparte de con su soberbia. Piensa este ministro demoscópico que él sabe lo que España necesita más que los españoles mismos, más como un remedo de déspota ilustrado que como un líder que mueve conciencias o conecta con el estado de ánimo de una comunidad.

Todos queremos una educación de calidad. Lo que ocurre es que unos queremos que mejore para todos y otros quieren que mejore para unos pocos. La ley educativa del Partido Popular es del Partido Popular. En sentido estricto. Porque han alumbrado una ley que sólo contenta a Rajoy y su ministro ideólogo. Nada les importa que la comunidad educativa haya salido a la calle a manifestarse y protestar, que los expertos hayan denunciado las lesivas consecuencias futuras en nuestro modelo de convivencia, la soledad parlamentaria o el ánimo del gobernante de gobernar articulando mayorías sociales, que den estabilidad lógica, a sus decisiones en un futuro. Más bien se han agarrado a sus escaños, donde hace dos años que no crece la hierba, menos aún brotes verdes.

Tenemos un problema de educación y con la educación. La misma semana que el BOE publicó la ley Wert conocimos unos datos de Eurostat que avalan una intuición ampliamente compartida: el ascensor social en España está parado, antes y durante la crisis. En España, la mitad de los hijos de los obreros seguirán siendo obreros y sólo uno de cada cuatro llegará a tener estudios superiores y mejorar, por ende, sus posibilidades vitales. Por contra, un 75% de los hijos de progenitores con alto capital educativo, obtienen un título universitario. La educación es el instrumento principal para alcanzar la igualdad, con o sin apellidos. La ley educativa del PP abundará en esta cuestión y el desmontaje del modelo de becas es una clara política de disuasión académica. El ministro de Educación tuvo que reconocer a preguntas de este diputado en la sesión de control que sólo en Andalucía ya hay 10.000 estudiantes menos con beca.

El recién elegido presidente de los rectores ha sido claro: la subida de tasas y la restricción del número de becas aleja a los hijos de las clases trabajadoras y medias que han visto empobrecidas sus economías domésticas. El PP está montando un sistema educativo que de nuevo se convierte en un aparato exclusivo y clasista. El ministro se defiende con que busca la excelencia, la meritocracia. El mérito y la capacidad es precisamente contrario a la exclusividad o al clasismo. Si algo permiten las becas es que todos y todas puedan demostrar sus méritos, puedan entrar en la Universidad y crecer.

No hay mérito en desigualdad. Deberíamos todos ser conscientes de las dificultades que tienen los hijos e hijas de familias trabajadoras en su estudio por cuestiones como sus propios hogares o al acceso a recursos extras para mejorar el rendimiento. La derecha, como bien ha escrito Antonio Ariño, catedrático de Sociología, quiere implantar un modelo educativo olímpico: seleccionar unos pocos, convertirlos en los supuestos mejores de una liga planetaria sin importar qué pase con la mayoría. El PP quiere que el ascensor social siga parado después de esta crisis.