La pandemia ocasionada por la Covid-19 ha tenido enormes consecuencias más allá de las exclusivamente sanitarias. Una de ellas, ha sido la pérdida de empleo, solamente amortiguada por el eficaz y novedoso mecanismo de los ERTES, aprobado por el Gobierno de España con el acuerdo de sindicatos y empresarios.

Por ello, es difícil de entender, que la Junta de Andalucía no apueste decididamente por políticas y planes de empleo que permitan impulsar de forma más enérgica el mercado laboral y, por consiguiente, la recuperación económica.

Se han consumido ya tres cuartas partes de la legislatura autonómica y, hasta ahora, el Gobierno andaluz sólo ha puesto en marcha junto a los ayuntamientos un Plan de Empleo, el denominado Plan AIRE.

Moreno Bonilla tomó dos decisiones respecto al citado plan; una, nominal y la otra, de carácter económico. Por una parte, le cambió el nombre al Plan de forma que los ciudadanos no fueran a identificarlo con programas anteriores ejecutados por el último Gobierno socialista de Andalucía. Y por otra parte, recortó un 50% de media las cantidades destinadas a los ayuntamientos para la contratación de desempleados, tijeretazo que dejó el plan tiritando y a los parados esperando.

A la situación descrita, hay que añadir la desidia y desesperante lentitud, con que la Junta de Andalucía está gestionando la transferencia de 475 millones de euros que recibió del Gobierno de España a principios de este año para políticas y planes de empleo.

Han pasado más de 9 meses y, hasta el momento, ni se ha tramitado convocatoria alguna a la que se puedan acoger los ayuntamientos ni se conoce cuando van a salir. Los desempleados, muchos de ellos de larga duración, no pueden esperar más. En un momento como este y existiendo recursos, la Junta debe ser diligente y optimizarlos cuanto antes. Resulta inadmisible tener en una cuenta corriente 475 millones de euros para empleo durante meses y no hacerlos llegar a las miles de personas que lo necesitan.

En ocasiones anteriores, como los planes de empleo ejecutados en la legislatura 2015-2018 o el propio Plan AIRE, los ayuntamientos han demostrado capacidad de gestión para ejecutar estos planes y ayudar a quienes verdaderamente lo necesitan, gracias a la cercanía y al conocimiento de los problemas que desde la proximidad tienen los municipios.

Va siendo hora de que el Gobierno andaluz abandone la confrontación permanente, la crítica sistemática a los repartos y transferencias que el Gobierno de España realiza a las comunidades autónomas y se ponga a gestionar los recursos que le están llegando que, por otra parte, están siendo los más cuantiosos de la historia como consecuencia de la situación excepcional en la que estamos inmersos.

La Junta de Andalucía no puede perder ni un solo minuto más. Es el momento de abrir las convocatorias, que permita a los ayuntamientos presentar sus solicitudes y proyectos y que transfiera los recursos a quienes tienen capacidad para gestionarlos, los gobiernos locales. Tener trabajo no debe ser un privilegio, debe ser un derecho.