Las maltrechas arcas municipales no ganan para disgustos. Desde que comenzó la pandemia ocasionada por la Covid-19, los ayuntamientos andaluces han estado en primera línea, protegiendo la salud y la seguridad de sus vecinos, asumiendo responsabilidades mucho más allá de sus competencias propias y tomando medidas para impulsar la recuperación de las familias, trabajadores y autónomos.

Un buen ejemplo lo constituye las tareas extraordinarias de desinfección e higiene que los ayuntamientos se vieron obligados a realizar durante el curso académico 2020-2021 y que, de nuevo, para este curso 2021-2022, van a tener que volver a asumir.

Y ello es así, porque la Junta de Andalucía ha dictado instrucciones en las que se establecen medidas excepcionales, extraordinarias y reforzadas de desinfección en todos los centros educativos de la comunidad autónoma. Sin embargo, en las citadas instrucciones, la Junta ha olvidado incluir la dotación de los recursos económicos necesarios para que los ayuntamientos puedan hacerse cargo de las tareas excepcionales.

La situación es la siguiente: la Junta está recibiendo financiación extraordinaria, adicional y no reembolsable del Gobierno de España para destinarla, entre otras cuestiones, a reforzar la seguridad frente al Covid de los alumnos y alumnas de los centros educativos. La Junta, a su vez, impone a otra administración, los ayuntamientos, una obligación extraordinaria derivada de la misma causa por la que la administración autonómica está recibiendo financiación. Sin embargo, la Junta de Andalucía no transfiere el dinero a los ayuntamientos ni establece ninguna medida compensatoria. En definitiva: Moreno Bonilla invita, los ayuntamientos pagan.

Y no vayan a creer que estamos hablando en términos económicos del chocolate del loro. Según un informe que se ha elaborado este verano con información ofrecida por los propios municipios, la cifra gastada por los ayuntamientos en el curso pasado en materia de desinfección extraordinaria en centros educativos alcanza la cifra de 215 millones de euros.

Como la situación se repite para el curso académico que acaba de comenzar, el esfuerzo económico que va a suponer para los Gobiernos Locales las obligaciones impuestas por la Junta en materia de desinfección e higiene en los colegios va a alcanzar la nada desdeñable cifra de 430 millones de euros.

El presidente de la FAMP, en representación del municipalismo andaluz y el nuevo secretario general de los socialistas andaluces y alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ya han reivindicado al presidente Moreno Bonilla y al consejero Imbroda, el apoyo financiero necesario para paliar los costes económicos extras que los ayuntamientos han asumido.

En el caso del alcalde de la capital hispalense, si la reclamación en vía administrativa no es atendida por la Junta, se elevará a la vía judicial, entendiendo que se está vulnerando por el Gobierno andaluz el artículo 25 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía.

No es de recibo el ninguneo al que la Junta de Andalucía está sometiendo a los ayuntamientos andaluces, cuando estos están asumiendo situaciones excepcionales que rebasan con mucho la actividad ordinaria y sus competencias propias.