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La marginación de la Junta a la educación pública en Málaga
Las deficiencias detectadas en la vuelta a las clases en la provincia de Málaga ha dejado patente lo poco o nada que le importa al gobierno de la Junta la educación pública y, obviamente, las demandas de toda la comunidad docente. Lejos de los focos y las fotos de autobombo que tanto Moreno Bonilla como el consejero Imbroda quieren hacernos creer, la realidad de los recortes en colegios e institutos de la provincia no hacen nada más que constatar cómo el gobierno de PP y C's, con la colaboración necesaria de la ultraderecha, solo busca seguir desprestigiando este servicio público mientras se refuerza a la educación privada.
Para muestra sirven algunos datos. Para este curso 2021-2022, el gobierno de la Junta ha previsto el recorte en la contratación de más de 3.500 docentes en toda Andalucía, ha eliminado más de 500 líneas educativas y, fruto de esa desgana que demuestra a diario con todo lo que tenga que ver con lo público, ni se ha hecho cargo, otro año más, de las tareas de desinfección en los colegios de la provincia para mantener los protocolos anti-COVID siendo los ayuntamientos los que han tenido que hacer el desembolso.
Si analizamos más en detalle, las consecuencias de esta política de brazos caídos perjudica no solo a los estudiantes de las grandes urbes, solo en la provincia de Málaga siguen existiendo las aulas prefabricadas que el PP tanto criticaba cuando estaba en la oposición o hay siete líneas de bus escolar que han quedado desiertas porque el gobierno las ha intentado licitar por debajo de los precios de mercado, por lo que cualquier empresa de transporte que se hiciera cargo de ellas perdería fondos en su explotación.
Esto es lo que la Junta entiende por lo que debe ser la educación pública en Málaga y en Andalucía, escorándola cada vez más en la marginación mientras vemos por otro lado como grandes grupos empresariales hacen el agosto adquiriendo empresas como MEDAC, anteriormente vinculada societariamente al actual consejero Imbroda y que, casualidades de la vida, está bien posicionada en el intento del ahora responsable andaluz de Educación de potenciar la FP privada.
No sabemos si casualidad o quizás causalidad, pero es una coincidencia que no gusta, sobre todo cuando se han publicado declaraciones de un antiguo colaborador de Imbroda afirmando que la máxima preocupación que tiene el consejero no es la junta sino sus antiguos compañeros empresariales de la enseñanza privada.
Si algo hemos aprendido en esta pandemia es de ratios, desdobles de clases para evitar los contagios o de la necesidad de potenciar los recursos económicos y humanos para sostener uno de los pilares de esa conquista que es el Estado del Bienestar.
Para ello, el gobierno de Pedro Sánchez ha transferido ingentes cantidades de fondos a Andalucía para que se proteja tanto a la educación como a la sanidad pública, pero el gobierno de Moreno Bonilla ha preferido guardar todos esos fondos en un cajón y, mientras otras Comunidades Autónomas se han centrado en realizar esa inversión, en nuestra región se prefiere no gastar en algo que es un bien para todos.
Los socialistas ya hemos dejado claro que la educación, junto con la sanidad pública, son principios irrenunciables de nuestro estado de derecho. Sea a través de políticas propias como a través de aquellas que están transferidas, los gobiernos socialistas han demostrado que son dos elementos irremplazables para la normal convivencia democrática y para garantizar la igualdad de oportunidades y de acceso a estos servicios independientemente de donde se viva o de los ingresos que se tengan.
En este capítulo está, entre otros muchos elementos, la bonificación del 99% de los créditos universitarios aprobados en primera matrícula, algo que ahora Moreno Bonilla parece que ha descubierto y por la que saca pecho. Pretende hacer olvidar que fue un gobierno socialista en la Junta el que aprobó esta medida pionera en nuestro país o el aumento de las becas universitarias.
Al igual que ocurre con la sanidad, con la educación el gobierno de la Junta está centrado en mirar para otro lado y en hacer negocio con todo lo que huela a público.