Este es el lema que utilizaron el pasado 25 de junio los participantes en una concentración de protesta en Málaga para mostrar su rechazo a la instalación de megaparques fotovoltaicos. 

Y es que en los últimos meses, la preocupación que en distintos territorios de la Comunidad Autónoma se ha suscitado por el alto impacto de la implantación de las instalaciones que precisan estas energías renovables, no ha hecho más que crecer. 

Sin ir más lejos, aquí en la provincia de Málaga se están tramitando en este momento 120 proyectos, afectando a los pueblos de Álora, Alozaina, Almogía, Ardales, Cártama, Casarabonela, Cañete la Real, Carratraca, Coín, Ojén, Pizarra, Tolox, Valle de Abdalajís y Yunquera, entre otros. En Andalucía, las solicitudes de parques solares fotovoltaicos en tramitación o pendientes del inicio de la misma, podrían alcanzar la cifra de 650. 

Estos datos están dando lugar a un sobredimensionamiento del parque fotovoltaico. La propuesta de planificación de la red eléctrica 2021-2026 destaca que “las expectativas de los promotores de nueva generación, que se reflejan en el volumen de solicitudes de acceso .. superan en más de tres veces la nueva potencia a instalar a 2026 en el caso de la energía eólica y en más de trece veces en el caso de la fotovoltaica”. 

Antes la avalancha de solicitudes, la Alianza por el Clima, investigadores y científicos del CSIC y las universidades han alertado del daño irreversible a la diversidad que puede producir el “proceso acelerado y sin control” de expansión de las energías eólicas y fotovoltaica. 

La concentración de estas instalaciones está generando la lógica preocupación en los ayuntamientos en los que se pretenden ubicar y el rechazo de buena parte de los vecinos que viven en estas localidades, por chocar frontalmente con el paisaje y la forma de vida de estos pueblos. 

También preocupa esta situación al sector turístico, que se ha desarrollado y atraído a visitantes por los recursos y valores rurales, ambientales y paisajísticos. Buenos ejemplos de ello son El Caminito del Rey, el Parque Nacional Sierra de las Nieves, la Presa de El Chorro o los Pantanos del Guadalhorce. 

Debemos ser conscientes de la emergencia climática y del beneficio de las energías renovables, pero también lo somos de la crisis de biodiversidad que se está provocando. La apuesta debe orientarse en una transición justa, basada en la generación renovable distribuida, el ahorro energético y el autoconsumo, una transición sostenible que ponga la defensa del territorio y su biodiversidad en el centro de sus políticas. En definitiva, un modelo energético no centralizado, que sea distribuido de forma que beneficie a los pueblos y no a los grupos de inversión. 

La Junta de Andalucía tiene las competencias en espacios naturales y ordenación del territorio y, por tanto, cuenta con los instrumentos necesarios para condicionar la ubicación y desarrollo de los proyectos de energías renovables. 

Pero la pregunta del millón es, ¿tiene la Junta de Andalucía modelo energético? Me hago esta pregunta, porque la Dirección General de Medio Ambiente elaboró y envió en diciembre pasado a sus responsables en las provincias una “Guía para el análisis de la ubicación de proyectos de las plantas solares fotovoltaicas en Andalucía”. La Consejería elaboró también un mapa municipalizado denominado Visor de Condiciones Ambientales”. Pues la citada guía y el mapa referido, han sido retirados por la Junta de Andalucía por las quejas recibidas de los promotores de energías renovables. 

Urge una moratoria por parte de la Junta de Andalucía, para planificar de forma adecuada y diseñar los proyectos de energías renovables en nuestra tierra, que permita orientar la ubicación de estas instalaciones, facilite los desarrollos locales y evite su concentración e impactos irreversibles en un mismo territorio. 

En resumen, cojo prestado el lema de la concentración para resumir mi posición al respecto y el título de esta columna: RENOVABLES SÍ, PERO NO ASÍ.