A nadie se le escapa que el papel que los ayuntamientos están jugando en la gestión de la crisis sanitaria, económica y social es fundamental. Como administración más cercana a la ciudadanía, las entidades locales conocen perfectamente las necesidades de sus vecinos, a los que les ponen rostro, nombre y apellidos.

Numerosos ayuntamientos están haciendo un esfuerzo económico titánico, asumiendo en no pocas ocasiones gastos que no les corresponden. Buenos ejemplos de ello son la adquisición de material sanitario, labores de desinfección en centros educativos, planes de empleo con fondos propios, convocatorias de ayudas para autónomos locales, o gastos en servicios sociales comunitarios.

Simultáneamente, la Junta de Andalucía presume de que ha finalizado el año 2020 con superávit, lo que resulta incomprensible. El Gobierno andaluz no está invirtiendo la totalidad de las cuantiosas transferencias extraordinarias que está recibiendo del Gobierno central.

Si no se gasta lo mucho que se tiene, podemos entender el deterioro de la atención primaria en la Sanidad, el recorte de aulas educativas, las listas de espera en la dependencia, el hachazo presupuestario a los planes de empleo y que, de nuevo, Andalucía cuente con un millón de parados. Y mientras todo esto está pasando, los ayuntamientos abandonados a su suerte.

Los ayuntamientos no pueden más. El Gobierno andaluz debe descentralizar a los gobiernos locales un porcentaje importante de los fondos que está recibiendo del Gobierno central. Son los alcaldes y alcaldesas, con sus respectivos equipos, los que están en primera línea dando la batalla contra la COVID y ayudando a los vecinos con los medios que tienen y con los que no tienen.

Es urgente mejorar la financiación municipal. La Junta de Andalucía debe crear dos fondos extraordinarios para los ayuntamientos. Uno de ellos destinado a paliar los daños económicos de la COVID soportados por los consistorios y, otro de tipo social, para garantizar la atención a las familias más vulnerables, dirigido al suministro de servicios básicos, alimentos o medicamentos.

Otra necesidad urgente la constituye el desempleo. La Junta debe poner en marcha más planes de empleo a través de los ayuntamientos para combatir un paro galopante. Igualmente, hay que exigir al Gobierno andaluz un aumento de los recursos económicos a las corporaciones locales que elimine la lista de espera en dependencia, garantice la cobertura total de plazas vacantes en residencias y centros de día, más personal en ayuda a domicilio y un compromiso firme de aumentar como mínimo hasta 18€ por hora en los tres próximos años, de forma que la totalidad del coste del sistema público de dependencia sea asumido por las administraciones autonómica y central, como así lo establece la legislación vigente.

También hemos conocido recientemente, que el gobierno central va a destinar 1.109 millones de euros a Andalucía en ayudas directas al comercio y la hostelería. El Gobierno andaluz tendría que complementar estos fondos con el superávit que tiene, de forma que las ayudas lleguen al mayor número de pymes y autónomos posible.

La Junta de Andalucía tiene que abandonar la confrontación permanente con el Gobierno central e invertir bien los 7.500 millones de euros que ya ha recibido del Estado para la lucha contra la COVID.

Cuando la Junta de Andalucía está recibiendo más dinero que nunca y cuando más necesidades existen en los municipios, los ayuntamientos no pueden seguir siendo ninguneados por el Gobierno andaluz.