En el ámbito educativo, se ha aprobado esta pasada semana una medida que ha pasado desapercibida para la mayoría de medios de comunicación y que considero de enorme relevancia. Me estoy refiriendo a la equiparación de precios medios entre másteres habilitantes y estudios de grado.

El artículo 27 de la Constitución Española establece que “todos tienen derecho a la educación”. Por ello, es obligación de los poderes públicos articular las medidas necesarias que faciliten el acceso a la educación en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos, dando así cumplimiento al citado precepto constitucional.

La medida aprobada en la Conferencia General de Política Universitaria democratiza el acceso al sistema público universitario español. La ejecución de esta decisión supondrá un refuerzo presupuestario de 10,5 millones de euros a repartir proporcionalmente entre todos los gobiernos autonómicos. El plazo máximo para la aplicación de los nuevos precios será el curso académico 2022-2023.

La propuesta ha sido aprobada por una amplia mayoría de Comunidades Autónomas, siendo la de Madrid la única que ha votado en contra de la medida. Esta última Comunidad lleva meses instalada en la confrontación permanente con el Gobierno de España y cualquier asunto, por importante que sea, es utilizado para la discrepancia por la señora Ayuso, anteponiendo siempre su estrategia partidista y populista a los intereses generales.

Actualmente, son unos 44.000 los estudiantes matriculados en universidades públicas en másteres habilitantes, por lo que serán los primeros en beneficiarse de forma directa de la implementación de la medida de equiparar los precios medios entre másteres habilitantes y estudios de grado.

Esta medida profundiza en las ya adoptadas cuando es un gobierno progresista el que dirige el país. Reducir los precios públicos para el acceso a la universidad y aumentar la cuantía y el porcentaje de estudiantes con beca, deben ser objetivos irrenunciables de un gobierno presidido por un socialista. Solo así, se democratiza la educación y se favorece la igualdad de oportunidades.

Con una medida similar e incluso más ambiciosa, ya fue pionera Andalucía con el anterior gobierno presidido por Susana Díaz. Fue en el curso académico 2017-2018 cuando se implantó la bonificación hasta el 99% de la matrícula universitaria a los estudiantes que aprobaban todas las asignaturas en alguna de las nueve universidades públicas andaluzas. La citada bonificación es aplicable tanto a los grados como a los másteres.

Esta medida, a pesar de un primer intento de derribo por parte del actual gobierno de PP y C’s en Andalucía, continúa en vigor, alcanzando los principales objetivos para los que se aprobó: premiar el esfuerzo de los estudiantes que trabajan y aprueban; que la universidad pública sea prácticamente gratuita para un número de alumnos/as muy elevado; que miles de estudiantes puedan seguir estudiando al margen de los ingresos o recursos económicos que tengan sus padres.

Las medidas mencionadas, se contraponen con la actuación que mantuvo el último gobierno conservador presidido por el señor Rajoy en nuestro país que, endureciendo de forma importante los requisitos para obtener las becas, expulsó a miles de estudiantes, hijos de trabajadores/as, de las universidades. Ahora, aquí en nuestra tierra, el gobierno de Moreno Bonilla ha eliminado 979 líneas educativas en solo dos cursos.

Como decía Nelson Mandela: “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”. Hagámosle llegar el “arma” de la educación a todos y a todas en las mejores condiciones.