Las personas que siguen la actualidad informativa, difícilmente hayan podido recibir en los últimos días ninguna noticia que no esté relacionada con la moción de censura de Murcia, el adelanto electoral en la Comunidad de Madrid, el anuncio de candidatura del todavía vicepresidente Iglesias a las elecciones del 4 de mayo o, en el ámbito regional, la guerra sin cuartel en el PP de Sevilla.

Precisamente por ello, porque el ruido, la sobre actuación política y la polarización insoportable lo tapa casi todo, quiero a través de estas líneas poner en valor tres decisiones políticas de calado que se han adoptado en la última semana.

Dos de ellas, aprobadas directamente por el Gobierno de España y la tercera, impulsada por el partido mayoritario del gobierno (PSOE) y aprobada por el órgano en el que reside la soberanía popular, el Congreso de los Diputados. Me estoy refiriendo a la aprobación de un paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para empresas y autónomos (7.000 de ellos en ayudas directas); la movilización de 10.000 millones de euros para luchar contra la despoblación y la aprobación de la ley que regula la eutanasia.

Un gobierno se define por los hechos y, si a ellos nos remitimos, el actual Gobierno de España es el más social de la historia de nuestro país. En el primer estado de alarma, el ejecutivo central aprobó un escudo social sin precedentes para proteger a las familias, empresas y trabajadores. Buena muestra de ello son los ERTES, la prestación extraordinaria a los autónomos, los avales ICO o las moratorias bancarias, que en 2019 alcanzaron una inversión de un 20% del PIB.

Ante la prolongación de la situación de emergencia sanitaria, con el objeto de ayudar a empresas viables que han acumulado deudas en los últimos meses y han sufrido caídas en ingresos superiores al 30% con respecto a 2019, el Gobierno Central ha aprobado un nuevo paquete de ayudas de 11.000 millones de euros.

La mayor partida (7.000 millones de euros) se va a destinar a ayudas directas a empresas y autónomos de carácter finalista, puesto que tendrán que destinarlos a pago de gastos fijos y deudas contraídas desde marzo de 2020. Las ayudas oscilarán entre 3.000 euros como mínimo hasta 200.000 euros como máximo. Los fondos serán canalizados por las Comunidades Autónomas. Con este paquete de ayudas se protege el tejido productivo, el empleo en sectores especialmente castigados por la pandemia y la economía de nuestro país.

También esta semana, el ejecutivo central ha tomado una decisión estratégica de calado, aprobando la movilización de 10.000 millones de euros de los Fondos Europeos de Recuperación a luchar contra la despoblación. Esta medida va a permitir la cohesión y vertebración del territorio, la igualdad de oportunidades, la progresiva eliminación de la brecha urbano-rural y afrontar con decisión el reto demográfico. Los 6.800 municipios menores de 5.000 habitantes de España y los 6 millones de personas que vivimos en ellos no nos podemos quedar atrás en la sociedad de la conectividad, la digitalización o el turismo sostenible.

Por último, el Congreso ha aprobado definitivamente la ley de eutanasia, con la única oposición de la derecha y la extrema derecha, lo que ya es habitual cuando de avance en derechos civiles o sociales se trata. España ya es el sexto país del mundo que ha regulado esta práctica, poniéndose una vez más a la vanguardia en la conquista de derechos.

Aunque parece obvio, ante el populismo que impera últimamente, conviene recordar una vez más que esta nueva ley constituye un derecho pero en ningún caso una obligación. Lo que sí queda establecido es el derecho a que la persona decida con libertad con mayúsculas. La aprobación de esta norma pone de manifiesto que España es una sociedad democrática, madura y desde ahora aún más libre y digna.

Como se puede observar, a pesar del ruido y el espectáculo permanente, vamos avanzando.