La Cámara de Cuentas de Andalucía, órgano externo dependiente del Parlamento de Andalucía, vive en las últimas semanas una crisis institucional sin precedentes.

Como consecuencia de la citada crisis, este organismo no ha podido aprobar definitivamente, en el plazo legalmente establecido, el informe de la Cuenta General de la Junta de Andalucía de 2019, primer año completo de gestión del gobierno andaluz formado por Partido Popular y Ciudadanos.

La Cámara de Cuentas vive una situación de bloqueo y parálisis, provocada por la ausencia injustificada a los tres últimos plenos convocados de los consejeros de PP, C’S y VOX, por lo que el órgano competente para ello no ha podido aprobar definitivamente el informe de la Cuenta General de 2019.

Aluden los consejeros de estos partidos que el mandato del actual presidente de la Cámara de Cuentas ha caducado. Sostienen esta posición sin un informe jurídico que lo avale, pero es que ni tan siquiera lo contempla el Reglamento de funcionamiento interno de esta institución. 

La permanencia del actual presidente, parte del acuerdo firmado al comienzo de la presente legislatura autonómica por PP, C’S y PSOE, que alcanzó también a otros órganos de extracción parlamentaria como la RTVA, el Consejo Audiovisual o el Defensor del Pueblo. De hecho, el presidente de la Junta, firmó un Decreto con fecha 23/09/19 avalando el nombramiento de Antonio López como presidente de la Cámara de Cuentas, por lo que su mandato no expiraría hasta septiembre de 2022.

¿Cuáles podrían ser las causas por las que la derecha está boicoteando el normal funcionamiento de la institución que tiene como función la fiscalización externa de la gestión económica de los fondos públicos de la Junta de Andalucía? Son dos las causas que se me ocurren y, si la primera es grave, la segunda lo es más aún.

La primera causa sería bloquear la aprobación definitiva del informe de la Cuenta General de la Junta de Andalucía de 2019 para ocultarlo. La derecha, que presume históricamente de buena gestión económica, habría dejado en su primer año de gestión un montante de 1.236 millones de euros sin pagar, evidenciando así su incapacidad manifiesta para hacerse cargo del ejecutivo autonómico.

Hasta hace bien poco, el consejero Elías Bendodo denunciaba como un escándalo que el último gobierno socialista había dejado facturas sin pagar en el cajón a la vez que presumía de superávit en 2019. Pues bien, resulta que en el primer año de gobierno de las derechas en Andalucía no solo no había superávit, sino que además habían dejado casi 1.300 millones de euros en facturas sin pagar. ¿Qué dice ahora Bendodo?

La segunda causa, como ya había adelantado, me parece aún más grave y no es otra que la politización que la derecha quiere hacer de la Cámara de Cuentas. Sin pudor alguno, se han lanzado a por el control absoluto de este órgano, que hasta este momento permanecía ajeno a las luchas partidistas. Me imagino que con una Cámara de Cuentas controlada, también se podrá controlar el contenido de los informes, para que así no se caiga el mito de que la derecha  gestiona muy bien lo económico.

Si la actitud de los consejeros de PP, C’S y VOX se mantiene, la Cámara de Cuentas va a permanecer paralizada sin poder ejercer su control sobre la gestión económica del gobierno andaluz. Así lo ha subrayado el presidente de este órgano en cartas que ha remitido a la presidenta del Parlamento. Si nadie lo remedia, se vislumbra conflicto jurisdiccional, como ya ha adelantado la secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz.