La educación es uno de los factores más trascendentales para el desarrollo personal y económico de una sociedad o un país, de ahí que en España todos los intentos por mejorarla y adaptarla a las necesidades y avances sociales han sido motivo de profundos debates y críticas o en muchos casos de polémicas mediáticas y duras confrontaciones políticas. Pero quizás hemos visto más radicalizado estos debates y posiciones políticas durante la tramitación y aprobación por el Congreso de la actual ley de educación, denominada LOMLOE y más conocida como Ley Celaá, como, recordemos, ya ocurrió también con la anterior ley educativa del año 2013, la LOMCE o Ley Wert.

Pero la legítima confrontación de modelos no debe realizarse desde la difusión de falsedades sobre los contenidos o efectos que para nada figuran en esta norma, por ello deseo contribuir a aclarar los conceptos y objetivos de esta nueva ley educativa, desde el convencimiento que puede abrir una etapa de avances y oportunidades para el sistema educativo español, necesitado de aumentar su calidad y adaptación a los nuevos entornos digitales, así como para acomodarse a los retos actuales de la educación en nuestro entorno europeo y a los objetivos de los organismos internacionales.

La universalización de las enseñanzas primarias en un primer momento, de la secundaria a continuación y avanzar en la calidad de los sistemas educativos han sido los objetivos de las sociedades y países más desarrollados y a los que España se fue sumando con varias leyes. La Ley 14/1970 General de educación arranca este proceso de armonización en nuestro país, que sigue con la LODE en 1985 o la LOGSE en 1990, que marcan estas dos décadas, hasta que en 2002 se aprueba la LOCE, vigente hasta el año 2006, cuando se aprueba la LOE, que será de nuevo sustituida por una nueva ley en 2013, la LOMCE, y que concluye todo este proceso, hasta ahora, con la octava Ley Orgánica Educativa, la actual LOMLOE.

La reforma planteada por la LOMCE en 2013 recibió muchas críticas en el ámbito social y educativo. Muchas organizaciones solicitaron su derogación y han llevado a la suspensión de varias de las principales medidas propuestas en esa ley que tenían que ver con las reválidas o notas de corte para acceder a las becas y que suponían una discriminación por motivos económicos de muchos estudiantes. Todo esto, unido a los enfoques de los derechos de la infancia, igualdad de género, la transversalidad de resultados y las necesidades de atender al desarrollo sostenible o los cambios digitales para re- forzar la equidad y capacidad inclusiva del sistema educativo, justifican la redacción y aprobación de la nueva ley. Sus objetivos centrales se describen en la exposición de motivos en los siguientes términos: «La finalidad de esta ley no es otra que establecer un renovado ordenamiento legal que aumente las oportunidades educativas y formativas de toda la población, que contribuya a la mejora de los resultados educativos del alumnado, y satisfaga la demanda generalizada en la sociedad española de una educación de calidad para todos».

Y en cuanto a una de las polémicas suscitadas con la educación concertada, la ley recoge de forma explícita la libertad de las familias para la elección de centro, garantizando que el proceso de admisión sea más transparente y que la Administración verifique que los centros concertados no discriminen a ningún estudiante por sus condiciones socioeconómicas o de cualquier otra naturaleza, mediante la desaparición de concepto de demanda social que introdujo la LOMCE en 2013.

También se mantiene que la asignatura de Religión podrá seguir ofertándose pero su calificación no contará para becas o el expediente y no tendrá asignatura alternativa, porque la formación en valores cívicos será generalizada. Y en cuanto a los Centros de Educación Especial, incrementa los recursos de los centros ordinarios para la escolarización de niños y niñas con necesidades educativas especiales, avanzando así en la inclusión para todos los casos que sea posible. Pero deja claro que las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los Centros de Educación Especial para que, además de escolarizar al alumnado que requiera una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.

En definitiva, una ley que avanza en la calidad, equidad e inclusión del sistema educativo y que incorpora los principales ejes y objetivos en educación y desarrollo de los paí- ses del entorno europeo y de los principales organismos internacionales como la UNESCO.