Más libertad audiovisual

La reforma del servicio público de radio y de TV y del audiovisual en su conjunto ha sido una de las promesas del programa electoral del Partido Socialista desde la legislatura de 2004. Comenzó con el nombramiento de un Consejo de expertos al que se encargó un informe que sirviera al ejecutivo como documento estratégico para abordarla y que constituyó el primer paso para la profunda transformación que ha tenido lugar y que se ha visto culminada con la aprobación esta semana de la Ley General de Comunicación Audiovisual en el pleno del Senado. De ese informe nació la ley 17/2006 de 5 de junio de la radio y televisión pública de titularidad estatal, que significó una transformación radical respecto de los 50 años anteriores de historia de RTVE. Proponiéndola, el Gobierno del Presidente Rodríguez Zapatero materializó su compromiso democrático al renunciar expresamente al tradicional sometimiento de la radiotelevisión pública al poder gubernamental.

La ley trajo consigo una Presidencia y un Consejo de Administración de la nueva Corporación RTVE elegidos por una mayoría cualificada del Parlamento, una definición estricta del servicio público y de sus funciones y obligaciones, y una subvención pública transparente y objetiva, tras haber asumido el Estado la pesada deuda de 7.500 millones de euros que habíamos heredado de los años de gobierno del PP. Y así, nuestra RTVE se homologaba por fin con sus colegas europeos públicos más prestigiosos, la BBC, France Television, la ARD y ZDF alemanas…

La reforma del servicio público ha dado frutos positivos en estos casi tres años transcurridos. Con un Presidente elegido por consenso parlamentario, RTVE ha aprobado el reglamento del derecho de acceso exigido por la Constitución, ha pactado su mandato-marco por nueve años y ha consolidado la independencia de sus informativos. Y no es de ninguna manera casual que a medida que se ha ido consolidando este proceso, nuestra televisión pública se haya hecho con del liderazgo de audiencias, poniendo a la primera de TVE como líder de las televisiones que emiten en abierto, y que sus telediarios sean los preferidos de la ciudadanía en todas sus ediciones. Reforzada institucionalmente, Televisión Española se ha ganado tanto cualitativa como cuantitativamente el respeto y el respaldo del público. Pero la evolución tecnológica exige nuevas respuestas desde los poderes públicos. Y más concretamente, hacer frente a la nueva realidad de la comunicación que ha resumido perfectamente el profesor Manuel Castells en su libro “Comunicación y Poder”: la transformación tecnológica basada en la digitalización de la comunicación, la interconexión de ordenadores, el software avanzado, la mayor capacidad de transmisión por banda ancha y la omnipresente comunicación local-global por redes inalámbricas, de manera creciente con acceso a Internet.

La nueva ley General de la Comunicación Audiovisual se presenta ahora como una norma básica para hacer frente a estos retos con carácter aún más general y no solo en el sector privado sino también en el público. Recoge la normativa básica de Servicio Público respetando los principios constitucionales, consagra íntegramente la garantía de los derechos de los ciudadanos a recibir comunicación audiovisual en condiciones de pluralismo cultural y lingüístico y aspira a promover una sociedad más incluyente y equitativa específicamente en lo referente a la prevención y eliminación de discriminaciones de género. La ley incorpora la directiva comunitaria sobre la publicidad, regula las televisiones y radios sin ánimo de lucro, permite que las autonómicas puedan emitir en las comunidades limítrofes con afinidad cultural y lingüística y refuerza el carácter público de los terceros canales para que no puedan ser privatizados. Una de sus novedades más importantes es la creación y regulación de la Autoridad Audiovisual de ámbito estatal que será el órgano regulador y supervisor del sector y que ejercerá sus competencias bajo el principio de independencia de los poderes políticos y económicos. Sus funciones principales serán garantizar la transparencia y el pluralismo en el sector, y la independencia e imparcialidad de los Medios Públicos, dotando de poder sancionador a sus miembros, que serán elegidos por mayoría cualificada de tres quintos. Se crea asimismo un Comité Consultivo de apoyo que garantice la participación de colectivos y asociaciones ciudadanas.

Los contenidos audiovisuales y su demanda forman parte de la vida cotidiana del ciudadano actual porque ya no se concibe el ocio, el trabajo o cualquier otra actividad sin lo audiovisual y por ello no pude haber auténtica libertad y democracia si éstas no llegan también de forma efectiva y real al universo mediático. Y eso es lo que quiere consolidar el gobierno socialista con esta nueva ley.

Art publicado en Málaga Hoy el 16 de marzo de 2010