El “establishment”

El Reino Unido lleva una gran ventaja al resto del mundo en cuanto a convicción democrática. Valga como ejemplo la existencia y funcionamiento de una Comisión del Gobierno –la Comisión para la Movilidad Social y la Pobreza Infantil- dirigida por un antiguo dirigente laborista, Alan Milburn, que cada año analiza los avances registrados en las materias que constituyen su tema de análisis y estudio.

En el Reino Unido no importa que sea un dirigente laborista quien esté al frente de una Comisión de estas características, sostenida con fondos públicos bajo mandato del partido conservador. Lo que se estudia es cuestión de Estado y por lo tanto está por encima de los tradicionalmente ofuscados y superfluos intereses partidistas. Este año los resultados de su informe anual han vuelto a provocar ríos de tinta, al demostrar un fuerte retroceso en cuanto a movilidad social se refiere.

En efecto, si bien sólo el 7% de la población británica estudia o ha estudiado en centros privados, sin embargo este pequeño porcentaje ocupa nada menos que el 71% de los puestos superiores de la judicatura, el 62% de la cúpula militar, el 55% de la cúspide de la pirámide de la administración civil, el 36% del Gobierno y –atención a este dato- el 43% de los columnistas de opinión de la prensa escrita. Una brutal ocupación de los resortes del poder por parte de una minoría que llegó hace siglos para quedarse y que ahí sigue, pese a todos los esfuerzos públicos para remover los obstáculos a la movilidad social.

Uno de los más interesantes analistas del fin de la clase obrera en Gran Bretaña es Owen Jones, que de hecho dedicó un libro a este tema (editado en España por Capitán Swing). Su nuevo libro lleva por título “The Establishment” y trata precisamente de este fenómeno británico de concentración del poder en unas pocas manos, en la toma constante de decisiones por parte de una élite que no siempre vela por el interés general, sino que más bien actúa aislada del mundo y con el objetivo no confesado pero cada vez más descarado de mantenerse y perpetuarse en sus cómodas alturas, ajeno por completo al sufrimiento social.

En España no sólo carecemos de estudios fiables y objetivos de este tipo, sino que además el propio término “establishment” aparece cada vez más vinculado a un concepto patrimonialista de la cosa pública. Sabemos que las familias adineradas y acaudaladas –algunas de ellas sin más genealogía que un abuelo ministro franquista, como los Carceller, propietarios de Damm y presuntos salvadores de Pescanova- están ganando protagonismo en la escena económica privada. Lo más lamentable es que quienes llegaron al poder institucional a través de vías democráticas para convertirse en los contrapesos de la clase dirigente atávica acabaran compartiendo sus usos y costumbres.

De esta manera, el clan Pujol gestionó Cataluña, al parecer, con una visión patrimonial del territorio y de las instituciones que debían gobernarlo. Nada se movía en el poderoso sindicato de mineros SOMA ni en Asturias sin conocimiento de José Ángel Fernández Villa, del que ahora sabemos que se acogió a la amnistía fiscal de Montoro. Hay cajas de ahorros que empezaron siendo públicas y ahora tiene dueño reconocido e identificado, en la figura de su presidente. La coincidencia de apellidos en el ámbito de la Justicia quedó demostrada en un olvidado estudio de hace pocos años. Y en el ámbito administrativo o educativo instituciones como el Tribunal de Cuentas y muchas universidades han puesto de manifiesto que en familia es todo mucho más llevadero.

Por lo tanto, quienes llegaron al poder con la obligación de cambiarlo, de representar y gestionar la voluntad de los ciudadanos, de diseñar contrapesos y de favorecer la meritocracia y el ascenso de los mejores, no lo hicieron. Llegaron sobre los hombros de sus iguales y se quedaron, apropiándose de las instituciones de todos como si sólo ellos las hubiesen heredado. En España, quienes llegaron al poder a través de la política y de la democracia lo hicieron para establecerse ellos mismos, para quedarse, ignorando la sagrada regla de la temporalidad en lo que respecta al servicio público y demostrando una sólida voluntad de permanencia. Al “establishment” tradicional se le sumó una nueva élite, de origen democrático, que taponó la movilidad social de las siguientes generaciones. La pirámide mantiene intactos todos sus laberintos, todas sus trampas. Cada uno de ellos es una traición a la democracia.