Impunidad

El escándalo de las tarjetas opacas de Cajamadrid-Bankia ha estallado en medio de un paisaje social devastado por la corrupción, la crisis, la falta de altura de los líderes políticos, el descrédito de las instituciones y el alumbramiento de nuevos episodios de una era de impunidad que ha afectado a todos los cimientos del Estado. La compra de voluntades de los integrantes de la Comisión de Control mediante el reparto discrecional de tarjetas de crédito opacas –que sólo tres personas no utilizaron- revela los niveles de podredumbre alcanzados en la cúspide del sistema, una cúspide que ha sido todos estos años un vertedero, una cloaca donde la moral cotizaba muy a la baja.

Lo peor es que hay más ovillo del que tirar. Luis de Guindos ha reconocido que se han detectado prácticas similares en al menos veinte de las antiguas Cajas de Ahorros, sin que aparezca de momento en esa relación la eclesiástica Cajasur con sus casullas de oro y sus jubilaciones multimillonarias. Hay quien decidió construir su propio cielo en la tierra, sin haber pagado tampoco por ello.

España es un país construido sobre una capa profunda de impunidad. La maravillosa Transición se cerró tan en falso que nadie rindió cuentas de lo sucedido durante cuarenta años de corrupción, nepotismo y utilización de lo público para hacer negocios privados o para sanear fracasos empresariales con dinero público. Porque a eso y no a otra cosa se dedicó en sus últimos años el Instituto Nacional de Industria, aquel viejo INI.

Así que la democracia española heredó con gusto la anclada cultura de la impunidad que todo lo corroe. Y así permanecen impunes no sólo los protagonistas de los escándalos económicos más lesivos de nuestra Historia, sino también los funcionarios que una vez aprobaron unas oposiciones y que no cumplen con su deber; los empresarios que burlan sus obligaciones fiscales y laborales; los malos profesores, universitarios o no; los sacerdotes y obispos que lanzan exabruptos y muestran su nostalgia de tiempos totalitarios; los abusadores de la economía sumergida; los periodistas complacientes; los médicos que cuelan en quirófanos públicos a sus pacientes privados; los jueces que escriben novelas y libros de consulta y dan conferencias bien pagadas en sus ratos libres ajenos al colapso judicial; los dirigentes empresariales que no se representan con dignidad ni a ellos mismos; los piratas de la propiedad intelectual ajena; los trabajadores que roban a sus empresas, que los hay; y por supuesto los cargos públicos cuya profesionalidad deja mucho que desear y que han hecho del servicio público poco más que una vieja canción que suena a lo lejos.

Y sin embargo, se mueve. Entre tanta podredumbre, entre tanto asco, cada mañana miles y miles de personas, en todos esos ámbitos, se levantan con su integridad maltrecha pero creyendo que todavía este país llamado España tiene solución. Millones de personas todavía no se han rendido, y en medio de la picaresca y de la desvergüenza, simplemente hacen lo que tienen que hacer. Lo correcto. Toda esa gente necesita urgentemente creer que es posible enderezar el rumbo. Un primer paso puede ser el de acabar con tanta y tan descarada impunidad.