Todos somos dependientes

En el Informe al Consejo Europeo del Grupo de Reflexión sobre el futuro de la Unión Europea en 2030 presidido por Felipe González, se alertaba sobre el fenómeno demográfico del progresivo envejecimiento de la población y el impacto de esta realidad sobre los sistemas sanitario y de protección social. En el Libro Blanco elaborado en 2004 se apuntaba la necesidad de implantar un Sistema Nacional de Dependencia para una mayor racionalización del gasto sanitario. Los informes de la OCDE sobre la materia van en la misma línea argumental, indicando que la carencia de un sistema de atención a las personas dependientes supone un coste de oportunidad considerable, por la presión de las necesidades asistenciales de este colectivo sobre los sistemas nacionales de salud.

Atender a las personas en situación de dependencia no es una opción sino una necesidad de primer orden. El factor que más influye en que una persona pueda ser dependiente es la edad y nuestra demografía muestra que somos un país con una población mayor de 65 años muy numerosa, a la que no podemos abandonar a su suerte. La puesta en marcha nuestro sistema público para atender a este colectivo especialmente vulnerable y a sus familias, en aplicación de la Ley de Dependencia que entró en vigor en enero de 2007, supuso un avance para la sociedad española en la línea de los países de la Unión Europea de cara a la construcción del denominado cuarto pilar del Estado de bienestar. El balance de la implantación del sistema podemos calificarlo de positivo. La datos cuantitativos son elocuentes, más de 724.000 personas dependientes atendidas, sobre todo personas mayores de 65 años, de ellos el 74% mayores de 80 años y tres cuartas partes mujeres; 150.000 nuevos empleos directos y 50.000 indirectos, convirtiéndose en uno de los motores del cambio hacia una nueva economía sostenible. En lo cualitativo hemos pasado de un modelo asistencial a un sistema de derechos, más profesionalizado y de calidad; hemos logrado una armonización de la atención a las personas dependientes, con independencia del territorio de residencia; y finalmente, el sistema ha sido capaz de atender a las personas en todos los entornos, rurales y urbanos.

Todo esto está en grave riesgo hoy con los recortes en la financiación del sistema por parte del Gobierno de España, que vienen a comprometer seriamente el futuro de la atención a las personas dependientes. El Ministerio de Ana Mato se retira del compromiso de financiar su 50% del sistema, obligando a las Autonomías como Andalucía a sostener con su propio presupuesto el 76% de los costes de su mantenimiento. Los recortes de Rajoy suponen disminuir drásticamente la cuantía de prestaciones, reducir la capacidad de sostener financieramente el sistema para los que tiene sus prestaciones reconocidas y la paralización de la aplicación de la Ley para el colectivo de personas con Grado I dependientes moderados.

Es una infamia abandonar a su suerte a los miles y miles de personas dependientes y sus familias. Dejar de atender a una población que a medida que pasen los años, si mantenemos la esperanza de vida actual, se incrementará notablemente. Personas vulnerables que dependerán de su posición socioeconómica para saber si vivirán su vejez dignamente o no. Tanto tienes tanto vales. Tanto tienes tanto te vales de alguien para que te atienda cuando tú ya no puedes.

Pero además de ser una infamia, estos recortes no son nada inteligentes. Son inútiles porque lejos de ahorrar gasto público incrementan los costes de la atención sanitaria y son ineficientes porque destruyen empleo estable de calidad en un sector de actividad no deslocalizable. Según un reciente estudio de Antares Consulting actualmente existen 5.281 camas en hospitales generales de agudos dedicadas a pacientes que podrían beneficiarse de una atención alternativa de carácter sociosanitario, lo que supondría un ahorro de 1.500 millones de euros anuales para el Sistema Nacional de Salud. En materia de empleo, en el último dictamen del Observatorio de la Dependencia, se estima que si el Estado mantuviese sus compromisos de financiación sin recortes se podrían crear 55.000 empleos nuevos. Hay que tener en cuenta que por cada millón de euros invertidos en dependencia se crean 30 puestos de trabajo estable, frente a los 17 de la obra pública. De cada euro invertido en dependencia el Estado recupera 40 céntimos por la vía fiscal y de cotizaciones sociales. Por tanto estamos ante medidas poco inteligentes para la economía. Nos gobiernan contables sin alma y bastante incompetentes.

Se hace en definitiva necesario un debate riguroso y serio sobre la Ley de Dependencia. Sin duda hay aspectos de la gestión que podemos y debemos mejorar, pero el balance ofrece más aspectos positivos de cara al futuro que las dudas que pueda plantear. Todos somos dependientes, estamos vinculados unos con otros en una interdependencia social, económica y política. Merece la pena hacer un esfuerzo colectivo como sociedad, para defender la atención solidaria a estas personas en condiciones de igualdad, para protegerlas ante la caprichosa lotería de la adversidad de la que todos podemos llevar algún número aunque todavía no lo sepamos.