Españoles, la Transición ha muerto

El reinado de Juan Carlos I ha durado 38 años. En 1975 nadie en su sano juicio podía proponer una transición, sin más, de una dictadura militar, surgida de un golpe de estado, a una república como forma de gobierno. Así que las élites políticas, económicas, eclesiásticas y sociales optaron con inteligencia por la monarquía parlamentaria. Un modelo similar al de otras democracias europeas y coherente con la Historia de España.

Las elecciones europeas del 25 de mayo y la posterior abdicación del Rey han generado un cierto cataclismo en la sociedad española. Los ciudadanos manifestaron su desencanto votando masivamente a nuevas formaciones políticas cuyos programas y mensajes son muy críticos con el sistema. Años y años de abuso de confianza han conseguido que el apoyo a los dos grandes partidos sea de los más bajos que se recuerdan. En Cataluña, el sorpasso de ERC a CiU se ha consumado, con las consecuencias que esto puede tener sobre el proceso soberanista catalán. En el País Vasco es cuestión de tiempo que Bildu pueda arrebatar al PNV la supremacía electoral, un hecho no menos grave que el anterior.

Millones de españoles han aprovechado las elecciones europeas para gritar al PP y al PSOE que están hartos de su forma de hacer política y de manipular en beneficio propio los intereses fundamentales del Estado. El PP es hoy por hoy un partido salpicado por la corrupción institucional, un partido que ha arrasado la Comunidad Valenciana y que casi lo consigue con Madrid y Murcia. Un partido de gobierno sospechoso de aceptar donaciones ilegales, de eludir el pago de impuestos y de tener cuentas en Suiza. Nada ejemplarizante, más bien al contrario.

Respecto al PSOE, la barahúnda habla por sí misma. Incapaz de aprovechar el descontento social hacia el PP, se ha instalado en la confusión, con discursos incoherentes, peleas internas y una fuerte amenaza de divorcio entre unas élites dirigentes demasiado aficionadas a los consejos de administración y unas bases muy sacrificadas de partidarios y votantes que no entienden el sentido de tanto golpe de timón y tanta declaración falsa de amor a la democracia interna.

Lo malo de la crisis del bipartidismo no es la crisis de la confianza en la política, que no es tal, pues la gente ha votado y ha dejado de votar según sus convicciones. Lo realmente peligroso es que hay millones de personas cuestionando el sistema y sus instituciones. Habrá que recordar que el sistema tan criticado permite pagar cada mes casi nueve millones de pensiones –muchas de ellas insuficientes, sí-. Y también que cada mes cuatro millones de desempleados cobran algún tipo de prestación –y hay otros dos millones que no la cobran, sí-. Todos los días funcionan con precisión el sistema educativo y la sanidad pública –con menos plazas de las necesarias y salarios públicos recortados, sí-. El transporte colectivo hace su trabajo, y también las fuerzas de seguridad del Estado y muchas otras cosas. El sistema es mejorable, imperfecto, desigual, pero cada mañana el país levanta la persiana y echa a andar, y mucho de lo bueno que tenemos fue construido durante la ahora tan denostada Transición.

Así que de nuevo estamos ante un momento crucial que obliga a la máxima responsabilidad. Y esa responsabilidad deben ejercerla ante todo las élites dirigentes, muy alejadas del obligado respeto a las instituciones y de conceptos imprescindibles como ejemplaridad, transparencia o rendición de cuentas. El futuro inmediato de España se va a decidir en los próximos meses. La Transición se ha cerrado con la amarga sensación de que los Lazarillos han ganado por goleada a los Quijotes. Si pretenden que todo cambie para que todo siga igual será un error monumental. Aún están a tiempo de demostrar que les duele España, más allá de sus privilegios, más allá de sus bolsillos.