¿Juicios justos?

Benigno conduce habitualmente una ambulancia. Sus muchos años de experiencia hacen que se desenvuelva bien en situaciones donde su pericia para conducir a gran velocidad excepcionando las normas de tráfico logra salvar vidas a diario. Un día queda para comer con unos compañeros de trabajo porque uno de ellos, veterano de las urgencias sanitarias como él, se jubila y le hacen un fraternal homenaje. La sobremesa se alarga y cuando se percata de que tenía que recoger a su hija de tres años de la guardería es demasiado tarde para llegar a tiempo. Demasiado tarde salvo que use la ambulancia con la sirena de emergencia, piensa de repente dudando si hacerlo o no. Agobiado por la imagen de la niña llorando al retrasarse en recogerla, decide arriesgarse y coge la ambulancia de trabajo. En su trayecto intenta llamar por el móvil para avisar que está en camino, llega a un semáforo en rojo y se lo salta sin percatarse de que un coche pasa en ese momento. El resultado de su imprudente acción es la muerte por accidente de tráfico de una madre con dos niños al colisionar con la ambulancia.

La juez instructora tras tomarle declaración, acuerda su ingreso en prisión provisional, tomando nota de que el hecho de no observar la obligación de detenerse ante el semáforo en rojo, se debió a la norma de tráfico que establece que en una emergencia podía actuar de ese modo. Acuerda inmediatamente imputar al ministro que promovió la ley que permite a las ambulancias saltarse un semáforo, igualmente hizo con los diputados y senadores que aprobaron dicha ley, así como con el alcalde y el concejal de tráfico del municipio por no perseguir estas peligrosas conductas que venían dándose desde hacía tiempo. ¿A que parece un disparate? ¿A que piensan que lo oportuno sería perseguir y castigar el mal uso de una norma legal prevista para un buen fin, como es salvar vidas humanas que dependen de que el médico llegue lo más rápido posible?

Pues algo parecido está ocurriendo con la manera de proceder en la investigación del caso de los falsos ERE. En lugar de apremiar la instrucción y castigar a quienes abusaron de un sistema legalmente previsto, apropiándose de un dinero público para atender a desempleados usándolo en su propio beneficio, se despliega una enorme cantidad de energía procesal en intentar demostrar la fabulosa existencia de una trama política para favorecer una actividad delictiva. El riesgo serio que se corre en este asunto, es que los que se llevaron el dinero se vayan de rositas por la dilación en la instrucción, por la prescripción de los delitos que se les imputan tal como ha puesto en aviso en más de una ocasión la Fiscalía anticorrupción.

Las transferencias de financiación son mecanismos previstos en nuestra legislación presupuestaria, aprobados en las leyes de presupuestos y empleados por todas las administraciones públicas. Tan legales son que se han usado con regularidad, por poner un ejemplo, en el cumplimiento de los compromisos de la Junta con las orquestas andaluzas como la Filarmónica de Málaga. Cuando recientemente se cambió el sistema a la subvención nominativa, los alcaldes populares de ciudades afectadas y parlamentarios andaluces del mismo partido, pidieron que se reconsiderase la decisión, puesto que el nuevo modelo hacía más farragosa la gestión y ponía en riesgo el buen funcionamiento de las orquestas. En el consorcio de la Filarmónica de Málaga, institución pública participada al cincuenta por ciento por Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga, las cuentas anuales y el gasto que comporta su funcionamiento vienen siendo fiscalizadas por un interventor de la Administración andaluza. Este ejemplo, como otros muchos similares, vienen a demostrar que el sistema es legal, tiene como finalidad ganar agilidad en la gestión y está sometido a controles públicos.

En las transferencias de financiación frente al sistema de subvenciones se trata de elegir entre el control previo del gasto, con un procedimiento más garantista y por tanto más lento en su tramitación, y el control posterior, que facilita la rapidez y agilidad en la toma de decisiones. Ambas alternativas son legales y posibles, del buen o mal uso deberán responder quienes gestionan cada decisión administrativa de ejecución del dinero presupuestado. Perseguir a los que hicieron las leyes y a servidoras públicas honestas como Magdalena Álvarez, por elaborar los presupuestos pensando en atender urgentemente las necesidades de trabajadores de empresas en situaciones difíciles, en lugar de centrar el esfuerzo en quienes abusaron del sistema para llevarse el dinero, puede parecer dicho sea con todo respeto, errar el tiro. Juzguen ustedes mismos, con justicia, rigor y serenidad.