El PSOE concluye que De la Torre y Pomares estaban detrás de la trama de Urbanismo

El portavoz socialista, Daniel Pérez, detalla un decálogo de conclusiones que ha puesto en evidencia “el desarrollo de esta comisión como la falta de igualdad de trato y de seguridad jurídica en la tramitación de expedientes urbanísticos o las amenazas, coacciones, persecución laboral o incitación a la prevaricación a la que se veían sometidos los funcionarios y que tan claramente han expuesto. Son hechos extremadamente graves que la justicia deberá dilucidar”.
 

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha puesto sobre la mesa las conclusiones que el PSOE llevará a la última de las sesiones de la comisión de investigación sobre expedientes urbanísticos y que relatan algo muy evidente: “que el alcalde Francisco de la Torre y el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, estaban detrás de la trama ocurrida en el seno de Urbanismo”.

Para este responsable “la Gerencia Municipal de Urbanismo ha quedado más que cuestionada por la existencia de constantes injerencias políticas con el objetivo de que determinados expedientes urbanísticos caducaran sin que esta órgano, el que debe velar por el cumplimiento de la legislación urbanística, hiciera nada por remediarlo sino todo lo contrario”.

“Se les pidió a los funcionarios que miraran para otro lado y cuando no cumplían con las órdenes eran inmediatamente cesados. Actuar de manera correcta no importaba, lo que valía era la oportunidad política, llevándose por delante el prestigio de la GMU, lo que ha supuesto una investigación judicial por parte de la Fiscalía y la Guardia Civil a partir de la documentación que le hemos trasladado desde el Grupo Municipal Socialista”, explica.

Para el dirigente socialista lo ocurrido en estos años en el seno de la Gerencia Municipal de Urbanismo se puede resumir en un decálogo de conclusiones. “Estamos ante el más evidente caso de mala praxis en la gestión del equipo de gobierno del Partido Popular al frente del Ayuntamiento de Málaga y del alcalde De la Torre, que recordemos ha sido el máximo responsable de la GMU en los últimos 20 años. Son múltiples las infracciones urbanísticas que quedaban en vía muerta sin tramitación o nunca llegaban a resolverse, tal y como han confirmado antiguos responsables del Servicio de Disciplina Urbanística, área que ha sido desintegrada, en el desarrollo de esta comisión de investigación”.

“Con la forma de actuar se ha quebrado la garantía de imparcialidad que debe tener toda administración pública en cuestiones como la seguridad jurídica o en principios como la igualdad de trato y ante la ley. Además, ha quedado negro sobre blanco que el alcalde conocía todo lo que estaba ocurriendo en el proceder respecto a los expedientes urbanísticos de infracciones  y dentro del propio Servicio de Disciplina Urbanística, como han atestiguado diferentes testimonios que han relatado presuntas amenazas, coacciones, persecución laboral o incitación a la prevaricación”, subraya Pérez.

“Y es que en estos más de 20 años de gobierno del Partido Popular el Servicio de Disciplina Urbanística ha funcionado sin normas escritas ni protocolos a la hora de seleccionar los expedientes a tramitar y sin que tuviera personal suficiente para poder cumplir con su cometido con garantías de éxito. Creemos que deben destinarse más medios para que puedan trabajar los técnicos y funcionarios de urbanismo en la ciudad y así contribuir a restituir el prestigio que determinadas personas han tirado por la borda”, expresa.

“Pero no sólo hay que fijar la responsabilidad en el alcalde, sino también en los concejales y directores de distrito que se han visto salpicados por una intencionalidad indisimulada por dilatar y paralizar determinados procedimientos o llegar a la caducidad de los mismos previas órdenes de los responsables políticos en materia urbanística”, incide.

Y ante este, continúa Pérez, “exigimos responsabilidades políticas, empezando por el alcalde Francisco de la Torre, por tener conocimiento y no haber actuado ante estas irregularidades que ya han sido certificadas, así como a los concejales Francisco Pomares y Teresa Porras y el máximo responsable de la GMU, José Cardador, que han sido puestos en la picota por los comparecientes”.

“Todos los hechos narrados, y que consideramos que pueden haber supuesto delitos de prevaricación administración, incitación al delito, estafa procesal, infidelidad en la custodia de documentos oficiales y manipulación de los mismos, son extremadamente graves y deberá ser la justicia la que actúe y dilucide si pueden haber acarreado algún delito”, finaliza.